En Fuerteventura la Consejería de Transición Ecológica, Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha iniciado este procedimiento que, en opinión de la Corporación, vulnera los derechos de los residentes en La Caldereta y Vallebrón
El alcalde de La Oliva trasladó que "somos los primeros defensores del territorio y los espacios protegidos", pero "no se justifica de ninguna manera incluir dos núcleos habitados y con actividad agrícola dentro de una ZEPA", y "menos aún hacerlo de urgencia aprovechando el Estado de Alarma", valoró Isaí Blanco
La Oliva, a 18 de mayo de 2020. El Ayuntamiento de La Oliva ha presentado alegaciones al procedimiento iniciado de urgencia desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para la ampliación de la ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) ES0000349 de "Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy".
Las alegaciones presentadas la semana pasada desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento recogen que esta declaración dejaría dentro de la ZEPA áreas urbanas y periurbanas de las localidades de La Caldereta y Vallebrón, asentamientos poblacionales históricos con base productiva en los huertos y explotaciones agrarias que se verían afectados para poder seguir desarrollando esta actividad.
"Vallebrón ya tiene la consideración de Paisaje Protegido dentro de la Red Natura 2000", explicó el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, que en su escrito de alegaciones declara "la más firme oposición" de esta ampliación de la ZEPA por considerarla innecesaria, y porque "este procedimiento vulnera los derechos de los vecinos y vecinas", al acortar a la mitad los plazos de participación pública.
El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, declaró que "somos los primeros en defender los espacios protegidos y el territorio de agresiones y actividades dañinas, y así lo hemos demostrado en otras batallas, algunas resueltas con éxito como la de los buggies y quads o la masificación de Isla de Lobos", y otras que siguen abiertas, "como el desarrollo indiscriminado de aerogeneradores por todo el territorio", y en que el Ayuntamiento de La Oliva está personado también frente al Gobierno de Canarias.
Sin embargo, "en este caso no se justifica de ninguna manera incluir dos núcleos habitados y con actividad agrícola dentro de una ZEPA", y "menos aún hacerlo de urgencia aprovechando el Estado de Alarma", valoró Isaí Blanco.
Esta ampliación de la ZEPA de Vallebrón tiene como trasfondo el procedimiento sancionador iniciado desde la Comisión Europea responsabilizando al Estado Español de los daños ocasionados en un espacio de la Red Natura 2000, como es la ZEPA de Majanicho, en relación al Plan Parcial SAU 12, y en cuyo proceso de medidas correctoras participan el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.
Sobre esta cuestión, indicó el alcalde de La Oliva que el ayuntamiento ha colaborado encargando un proyecto de rehabilitación y desde el área de Participación Ciudadana. "Los vecinos, colectivos ambientales y otros agentes sociales llevan planteando desde hace un año una serie de medidas correctoras que sí pueden ser muy beneficiosas para proteger y poner en valor los paisajes y espacios naturales de La Oliva", indicó Isaí Blanco, pero "nunca se habló de ampliar una ZEPA hasta el punto de dejar dentro a dos poblaciones habitadas como Vallebrón y La Caldereta".
Alegaciones a la ZEPA de Vallebrón
Las alegaciones presentadas desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva responden a tres procedimientos impulsados desde el Gobierno de Canarias, la Orden del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno (10 de febrero de 2020) declarando la urgencia de la declaración, la Resolución de 5 de marzo de 2020 para someter este trámite a información pública y audiencia (BOC nº 69 de 7 de abril de 2020), y la Resolución de 23 de abril del Director General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, dando continuidad al proceso.
El Ayuntamiento de La Oliva argumenta que el Gobierno de Canarias "no puede tener argumentos para sustentar tal necesidad de urgencia, pues la declaración de cualquier figura de protección ambiental debe ser fruto de objetivados estudios y reflexivos análisis de los intereses en juego", lo que sería "incompatible con las técnicas de planificación", y "como si el atajo, la sorpresa o el oscurantismo fuera compatible con aquel fin".
La Corporación Municipal sostiene que esta declaración cuenta con deficientes garantías de información pública, que las razones que motivan su necesidad son injustificadas, y que se incumplen las prescripciones legales, así como señala la improcedencia de esta ampliación en compensación de otra ZEPA del municipio, la de Majanicho. En relación al proceso sancionador iniciado por la Comisión Europea a tenor de los daños ocasionados en este espacio "para eludir reproches y sanciones de la Unión Europea", se incurriría en la nulidad del Decreto por el supuesto de "desviación de poder".
