Fuerteventura.- El Ayuntamiento de Pájara ha acordado
hoy en sesión plenaria la aprobación inicial del presupuesto general de la
Corporación para el ejercicio 2020, que asciende a 40.018.431,69 euros, lo que
supone un incremento del 0.28% respecto al año anterior.
La concejala de Economía y Hacienda, Kathaisa Rodríguez, destaca que las cuentas
para el próximo año consolidan el gasto social, la acometida de
inversiones financieramente sostenibles y la ejecución de nuevos proyectos en
el sur de la Isla; todo ello sin olvidar cuestiones necesarias como la mejora y
accesibilidad de las infraestructuras o la reorganización de los recursos
humanos.
Las inversiones recogidas en los
presupuestos ascienden a un montante de 4.564.799,75 euros, que servirán para
ejecutar las distintas obras programadas, contando además para ello con fondos
del FDCAN y remanentes de otras partidas, estableciendo un programa de
ejecución para el ejercicio 2020.
Por otro lado, los gastos se
incrementan en un 3%, con respecto al año anterior, encontrándose las
principales diferencias en gastos financieros, gastos de personal y
transferencias corrientes.
“Las señas de identidad de la
política fiscal de esta administración han sido durante muchos años el férreo
control sobre el gasto corriente, sin tocar en ningún caso las partidas
sociales, la mayor eficacia recaudatoria y las facilidades para el pago de
impuestos”, señala el alcalde sureño, Pedro Armas, quien hace hincapié en la
búsqueda de la mayor transparencia de cara a los contribuyentes, “que son, en última instancia, a los que hay
que rendir cuentas sobre sus impuestos”.
Reducción
del IBI
En relación a la propuesta del anterior
grupo de gobierno de modificar la ordenanza para la reducción de los Impuestos
de Bienes Inmuebles, la subida de las bonificaciones y la facilidad de pago de
los recibos para el próximo ejercicio fiscal, esta no ha podido incluirse en el
proyecto de presupuestos para 2020 al no haberse aprobado en tiempo y forma en
sesión plenaria.
El grupo de gobierno explica que esto
se debe a que dicha modificación debía someterse a información pública y
audiencia de los interesados en un plazo de 30 días hábiles para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, llevándose finalmente a pleno el
pasado 21 de noviembre, sin tiempo material suficiente para realizar los procedimientos necesarios y
estar publicada 30 días hábiles antes del 1 de enero del nuevo año, fecha
límite para poder aplicar la ordenanza en el ejercicio fiscal en cuestión.
“Si se hubiera convocado antes el
pleno extraordinario para esta cuestión podría haber entrado en vigor para el
siguiente ejercicio, pero se entiende que no era una cuestión prioritaria para
el anterior grupo de gobierno, cuando se antepone la dimisión del alcalde a la
bajada del IBI”, lamenta el primer edil.
