- La iniciativa persigue revertir también a uso ciudadano las
instalaciones militares ubicadas en entornos urbanos
El
Pleno del Parlamento de Canarias aprobó esta tarde una iniciativa dirigida a la
creación de un grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa y las
instituciones majoreras, para estudiar el cierre definitivo del Campo de Tiro
de Pájara e iniciar el proceso de reversión a uso ciudadano de instalaciones
militares en entornos urbanos de la isla de Fuerteventura
La
iniciativa, que fue defendida por Mario Cabrera, diputado del Grupo
Nacionalista Canario por Fuerteventura, fue aprobada con los votos a favor de
todos los grupos políticos del Pleno, salvo el PP que votó en contra.
Mario
Cabrera aclaró que esta propuesta “va dirigida únicamente a
reducir la excesiva ocupación de suelo que hay en Fuerteventura para actividad
militares, a partir del diálogo y la búsqueda de alternativas”.
Explicó que lo que pide Fuerteventura
“es lo mismo que ya el propio PP ha aprobado para Gran Canaria y Tenerife,
creando grupos de trabajo entre instituciones para buscar alternativas a la
base naval de Las Palmas, o recuperar para uso ciudadano el cuartel de
artillería de La Laguna o el de Ingenieros en La Cuesta”.
El
acuerdo aprobado hoy también está dirigido a expresar al Gobierno de España y
específicamente al Ministerio de Defensa “el rechazo y oposición a la realización
de maniobras militares en la isla de Fuerteventura, por las molestias y
problemas que generan entre los vecinos y turistas, además de la incidencia que
están teniendo en el entorno ambiental y patrimonial”, indicó el diputad
majorero.
Actualmente
en Fuerteventura hay alrededor de 45 millones de m² destinados a instalaciones
y terrenos militares que frecuentemente son empleados para maniobras y
ejercicios militares de diverso tipo.
Esta
superficie está mayoritariamente distribuida entre el campo de tiro de Pájara,
ubicado en la costa de Barlovento; el campamento Valenzuela, junto al
Aeropuerto insular; y el cuartel de Puerto del Rosario, en pleno centro del
casco urbano. Además de diversos enclaves como la estación de antenas ubicada
en la montaña de la Muda, en el espacio natural protegido de Vallebrón, entre
Puerto del Rosario y La Oliva.
En
el entorno rural estas instalaciones inciden directamente sobre costumbres y
usos tradicionales de los majoreros, e incluso sobre espacios naturales
protegidos, como son los casos del campo de tiro de Pájara y la estación de La
Muda y sus accesos.
En
el ámbito urbano, esta ocupación de terrenos responde a una concepción heredada
del siglo XIX, que pretendía asegurar el control de los puntos claves de la
administración política y la gestión económica ante posibles ataques externos o
altercados internos.
“Recordemos
que con el transcurso del siglo 20 y el asentamiento de la legalidad
democrática, la presencia de grandes acuartelamientos e instalaciones militares
en el casco urbano de los núcleos poblacionales de todo el Estado ha ido
reduciéndose, cuando no eliminándose. En buena medida estas instalaciones han
pasado a uso civil, o bien manteniendo la titularidad militar desarrollan
actualmente fines asociadas a museos, formación, etc”, puso como ejemplo Mario
Cabrera.
En
Fuerteventura, muy al contrario, ha ido derivando hacia una nueva funcionalidad
asociada a la cercanía de la isla al continente africano. Es decir, a modo de
bastión militar en una zona fronteriza. Tanto en lo que se refiere a las
ubicaciones urbanas como a las rurales. “Por eso en la Isla esta evolución no
ha ido en la misma línea que en otras partes del Estado”, subrayó.
De
hecho, el acuartelamiento ubicado en el centro de Puerto del Rosario mantiene
plenamente su vigencia, después de que a finales de los años 70 con motivo del
proceso de descolonización del Sáhara y del traslado de la Legión a
Fuerteventura, ampliara incluso su actividad.
No
obstante, recientemente, “y después de muchos años de gestiones”, el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario sí ha alcanzando un acuerdo urbanístico con
el Ministerio de Defensa para el aprovechamiento edificatorio de una parcela
dentro del mismo recinto.
El
caso del Campamento Valenzuela es otro. “Son casi 3 millones de m², de
Fuerteventura, ocupado por Defensa desde finales de los años 70 en el entorno
del Aeropuerto de Fuerteventura y de las localidades de El Matorral y Llanos de
La Mareta, en Puerto del Rosario. Su actividad no sólo ha ido en aumento, sino
que además viene siendo objeto de una importante ampliación de su perímetro de
seguridad sobre terrenos privados, que de esta forma ven condicionados sus
posibles usos a la funcionalidad militar”, explicó Mario Cabrera.
La
declaración de este perímetro de protección, realizada sin consulta ni diálogo
con las instituciones locales, ha obligado a paralizar y modificar la
planificación en materia de carreteras. También ha incidido sobre el Plan
Director del Aeropuerto de Fuerteventura, y sobre el propio Plan General de
Ordenación Urbana de Puerto del Rosario.
Tal
ha sido la forma de proceder del Ministerio de Defensa en esta materia, que las
instituciones locales han tenido que recurrir a la vía judicial para frenar y
reorientar esta ampliación, intentando que afecte lo menos posible a los
vecinos y a la planificación de infraestructuras.
El
campo de tiro de Pájara es otro ejemplo más. “e trata de una gran superficie de
entorno a 42 millones de m² ubicada en la costa de Barlovento del municipio de
Pájara y ocupada por Defensa tras la descolonización del Sáhara.
“Es
decir, la superficie destinada a campo de tiro en Pájara es superior a la de
casi el 45% de los municipios canarios. Tenemos más terreno destinado a campo
de tiro que la superficie de un buen número de municipios de Lanzarote, Gran
Canaria, Tenerife o La Gomera”, destacó.
Para
el diputado majorero el problema es que además su actividad ha ido en aumento
durante estas décadas, hasta el punto de acoger no sólo maniobras de tiro
terrestre, sino también prácticas aéreas y hasta desembarcos navales en sus
cercanías.
Además,
con el paso de los años las maniobras y ejercicios militares de todo tipo no
sólo se han circunscrito a estos grandes recintos y sus áreas circundantes,
sino que se viene observando una mayor frecuencia en el recurso a ejercicios
militares en la costas, entornos de poblaciones y espacios naturales de
Fuerteventura. Se ha llegado incluso a plantear el retorno de la actividad de
maniobras al islote de Lobos, actualmente Parque Natural.
Hace
unos meses hemos tenido un nuevo ejemplo con las maniobras internacionales
‘Gruflex’, cuyos preparativos fueron desmentidos en septiembre por el propio
Ministerio de Defensa; pero que finalmente acabaron llevándose a cabo y,
demostrando, por lo tanto, que en septiembre no se informó correctamente a la
sociedad y a las instituciones majoreras. Negando lo que luego fue una
evidencia.
Han
sido, probablemente, las maniobras más importantes que se desarrollan las
costas de Fuerteventura desde comienzos de siglo. Concretamente desde las
NEOTAPON de 2002, que generaron un fuerte impacto ambiental, y la repulsa
social y científica internacional por la matanza de cetáceos que se realizó.
Grupo
de trabajo
Frente
a ese modo de hacer, consideró significativo que el pasado mes de febrero de
2018 y con el Gobierno del PP en Madrid, se constituyera el denominado ‘Grupo
de Trabajo sobre la Base Naval de las Palmas de Gran Canaria’, que bajo la
presidencia del secretario de Estado de Defensa, cuenta con la participación de
la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias; el Gobierno de
Canarias; el Cabildo de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria; Puertos del Estado; y representantes militares
El
objetivo de este Grupo de Trabajo es estudiar la posibilidad de traslado de la
Base Naval de Las Palmas. Según el propio Ministerio de Defensa, todas las
administraciones han acordado trabajar juntas para realizar un estudio de
alternativas para el cierre y traslado de la Base Naval.
“Pedimos
desde Fuerteventura lo mismo que en Gran Canaria tanto PP, como PSOE, como NC y
hasta Podemos han apoyado desde las instituciones en las que están
representados. Y que recordemos, el pasado 19 de diciembre de 2018, es decir
hace apenas unas semanas, en la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados se acordó reactivar, a propuesta de NC”, concluyó Mario Cabrera.
