El
líder de la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva y portavoz de En
Marcha, Pedro Amador, denuncia que Coalición Canaria ha llevado a la
institución al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, según se confirma en un informe del interventor
municipal y posterior decreto del alcalde Isaí Blanco en relación a la
cuenta general del año 2018.
Ambos
documentos están fechados a 2 de mayo de 2019, “sin embargo, no vimos
al alcalde anunciar a bombo y platillo este delicado asunto en las redes
sociales o en la prensa” subraya Amador, quien señala que con ocasión
de la inclusión de la aprobación de la cuenta general del año 2018 en el
pleno que estaba previsto celebrase a finales de julio “fue que
conocimos esta situación, estudiando los asuntos del pleno”. De este
decreto se había dado cuenta en una comisión celebrada a finales de mayo
a la que Pedro Amador no pudo asistir.
Según
señala el propio informe del interventor, el Ayuntamiento de La Oliva
no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en tanto que se han
gastado 12.480.730,70 euros más de los que se ingresaron. Según la
legislación, la estabilidad presupuestaria se incumple desde el momento
en el que se gasta más dinero del que se ingresa, es decir cuando se
produce déficit en las cuentas públicas.
Además,
el informe señala que también se incumple la regla del gasto, que
establece que el gasto de las Administraciones no podrá aumentar por
encima de la tasa de referencia de crecimiento del producto interior
bruto a medio plazo de la economía española. La tasa de crecimiento
fijada para el ejercicio 2018 fue de 2,4%, sin embargo el Ayuntamiento
de La Oliva la superó, situándose en el 184,50%.
El
informe del interventor señala que “estos resultados de inestabilidad
presupuestaria e incumplimiento de la regla de gasto, han sido
provocados principalmente por el pago de la ejecución de varias
sentencias que durante el ejercicio 2018 se han hecho efectivas,
ascendiendo las mismas a más de 25 millones de euros”. Pedro Amador
destaca que muchas de estas sentencias se pagaron sin seguir recurriendo
en instancias superiores, provocando un menoscabo para la hacienda
pública.
Con
este panorama económico, el Ayuntamiento de La Oliva está obligado
ahora a poner en marcha un plan económico y financiero que recoja
medidas encaminadas a corregir la situación que ha provocado la
inestabilidad y el incumplimiento de la regla del gasto. En cualquier
caso, este estado económico implica otras limitaciones como, por
ejemplo, la posibilidad de aumentar la plantilla de trabajadores del
Ayuntamiento.
Amador
lamenta que mala gestión del alcalde nos lleve de nuevo a estar bajo la
estricta supervisión de Hacienda y a tener que establecer medidas para
corregir la situación déficit, “espero que esas medidas no las acabemos
asumiendo los ciudadanos vía impuestos ni los trabajadores municipales
con el recorte de sus derechos, como ya hiciera su antecesora Claudina
Morales cuando llevó al Ayuntamiento a un plan de ajuste y un ERE
(despido colectivo)”. En este sentido el concejal propone al gobierno
que “reduzca el gasto en publicidad -que llegaron a aumentar un 133%-,
en personal de confianza -como hizo un gobierno de CC en el Ayuntamiento
de Tuineje- y limitar los contratos menores”.
Sobre
esta situación se pronuncia también la concejala de En Marcha y
portavoz adjunta de la formación, Idaira Rodríguez quien señala que
“quienes con la bandera de la transparencia y el buenismo vinieron con
cantos de sirena prometiendo el paraíso, sin conocer la situación del
Ayuntamiento, han acabado sumiendo a la institución en déficit
presupuestario y condenando a los ciudadanos a pagar las consecuencias”.
La concejala lamenta que “La Oliva vuelve ver coartadas sus enormes
posibilidades de crecimiento y el Ayuntamiento vuelve a ponerse en
cuarentena, precisamente en este momento que es crucial la puesta en
marcha de diferentes acciones como el refuerzo de la plantilla, la
funcionarización de los trabajadores actuales o la inversión en
tecnología para mejorar la administración electrónica”.
Descuadre de cuentas bancarias
El
informe del interventor municipal señala otro extremo que también
preocupa a En Marcha. Según el funcionario público el arqueo de cajas de
2018 no cuadra, ya que hay diferencias entre la contabilidad y la
cuenta bancaria de recaudación, que se trata de “cuentas restringidas de
recaudación en las que el Ayuntamiento no puede realizar conciliación,
ya que su funcionamiento es de operativa bancaria y para la realización
de embargos a los clientes de dichas entidades, realizando
posteriormente traspasos automáticos a las cuentas operativas de
recaudación que sí están conciliadas”. Algo que preocupa a Pedro Amador
“ya que hablamos de una cuenta bancaria que es controlada por una
empresa privada, concesionaria del servicio de recaudación, de la que el
propio interventor ya dijo con ocasión del proyecto de presupuestos
para el ejercicio 2018 que dicho contrato es absolutamente perjudicial y
leonino para los intereses municipales en lo que a premios de cobranza
se refiere”.
En
este mismo sentido, Amador subraya que esa situación rompe el principio
de unidad de caja que debe regir en la administración pública.
Principio por el cual los ingresos y gastos de una entidad se
centralizan en una tesorería única, que tiene a su cargo la gestión de
todos sus recursos financieros.
Sobre
la empresa pública Suministros de Aguas de La Oliva, el interventor
señala en su informe que “las cantidades adeudadas por parte de la
sociedad respecto al Ayuntamiento así como las adeudadas por éste
respecto a la sociedad municipal, no coinciden en cuantía en las
contabilidades tanto del Ayuntamiento como en la de la sociedad
municipal por lo que se hace preciso realizar el examen de dichas
cantidades y las operaciones contables necesarias de forma que para el
cierre se pueda contar con una contabilidad igual en uno y otro ente.”
Cese de los cien días de gracia
Desde
En Marcha apuntan que desde este momento abortan los cien días de
gracia que se habían concedido a este gobierno de manera cortés. “La
ocultación de información y, sobre todo, la gravedad de la situación
económica puesta de manifiesto, a lo que se una la parálisis y la
situación de abandono que hay en las calles y pueblos, nos llevan a
exigir acción por parte del gobierno, que no es nuevo, sino que es un
gobierno de continuidad”.
En
Marcha espera que este mes de agosto se pueda celebrar el pleno
previsto para el pasado mes de julio y que tuvo que suspenderse.
“Tenemos muchas preguntas para un gobierno que debe dar explicaciones”.
Desde
el principal partido de la oposición anuncian, además, que han
solicitado una serie de datos económicos que permita ahondar en la
situación municipal. “Nos tememos que no solo se incumple la regla del
gasto y la estabilidad presupuestaria, sino que presumimos que se está
incumpliendo la Ley de Contratos del sector público y el periodo medio
de pago a proveedores”.
