Las
diputadas por Canarias Meri Pita y Carmen Valido, acompañadas por la
diputada autonómica Natividad Arnáiz y el consejero de Fuerteventura
Andrés
Briansó y Gustavo García, han visitado hoy las inmediaciones del Puerto
de Gran Tarajal, donde han anunciado una batería de medidas en relación
a la crisis ambiental que asola a dicha infraestructura marítima tras
el hundimiento de cuatro embarcaciones y el
consiguiente derrame de fuel en el medio marino que estas han
ocasionado, el “desastre ambiental más grave producido en un puerto de
Canarias” según los propios responsables del mismo.
Entre
esas medidas, Pita ha anunciado la solicitud al Ministerio de Fomento
para que declare una figura similar a las antiguas declaraciones de
“zona
catastrófica” en el muelle de Gran Tarajal, para que establezca una
línea de ayudas e iniciativas para restaurar cuanto antes el ecosistema,
las infraestructuras y las actividades económicas afectadas por este
desastre.
Podemos
también va a solicitar la coordinación, a través de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de la ejecución de
estas
ayudas de emergencia en la zona litoral del municipio de Tuineje, e
instarán al Gobierno de Canarias a convocar una Comisión Autonómica de
Investigación que sirva para aclarar los hechos y depurar
responsabilidades en torno a lo sucedido en el Puerto de Gran
Tarajal.
“La
ciudadanía llevaba tiempo denunciando que estas gabarras no podían
estar aquí, este es un puerto deportivo, y lo que resulta inconcebible
es que
a pesar de ello, cuando se anuncia el temporal, con los medios de que
disponemos hoy en día, no se haya podido evitar lo sucedido; El PP y CC
han asegurado públicamente que su negativa a fondear las gabarras se
debió a que no tenían tripulación. Una excusa
en toda regla que no los libra de su responsabilidad como partidos de
Gobierno en el Estado y en Canarias. Y más cuando la empresa propietaria
había solicitado esta medida”, ha sentenciado Pita.
Y
es que, según ha insistido la diputada, en Podemos están convencidos de
que la solución que solicitaba la empresa a cargo de las gabarras
hundidas,
Cargo Lanzarote S. L., hubiera sido mucho más segura que la adoptada
por Capitanía Marítima; pero también de que desde que se activó la
alerta por temporal hasta su llegada al Archipiélago, las instituciones
canarias y estatales dispusieron de un tiempo más
que suficiente para haber tomado medidas con estas embarcaciones, desde
autorizar su fondeo lejos de la costa, una medida que suele
implementarse para ampliar la seguridad marítima en este tipo de casos,
hasta trasladar las mismas a otro puerto donde estas
encontraran abrigo ante las inclemencias del tiempo. Algo que ha
sucedido en muelles como el de Caleta de Fuste.
“Por
si esto fuera poco, hemos recibido denuncias ciudadanas en las que se
alerta de una tardía y mala aplicación de los protocolos de seguridad,
emergencia
y contención ante desastres climáticos y ambientales. Entre otras
cosas, se ha tardado mucho más de lo debido en instalar los muros de
contención para evitar que el vertido se expanda, y las técnicas para
recoger el fuel -mediante absorción en lugar de succión-
tampoco son las más idóneas”, ha denunciado la diputada.
“Si
el hundimiento de un barco amarrado en uno de nuestros muelles ocasiona
semejante desastre ambiental, imagínense lo que podría suceder con un
vertido
de petróleo fruto de las prospecciones que pretende realizar Marruecos
frente a nuestras costas”, ha advertido la diputada, quien ha insistido
una vez más en la necesidad del Gobierno de Canarias y el del Estado se
impliquen “en la defensa de nuestras Aguas
Archipielágicas, reconociendo su existencia, vinculándolas a nuestro
Estatuto de Autonomía y nuestra constitución, ejerciendo los derechos
que nos corresponden en el escenario internacional y dotándonos de los
medios suficientes para garantizar la seguridad
ambiental de nuestro medio natural marino”, ha argumentado.
A
su vez, según ha añadido Briansó y Gustavo García, Podemos instará al
Cabildo de Fuerteventura a elaborar un Plan de Emergencias Insular
(PEIN) para
actuar en caso de contaminación por hidrocarburos, algo de lo que de
momento carece a pesar de que el Ayuntamiento de Tuineje lleva tiempo
reclamándolo.