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Fuerteventura.- Fernando
Enseñat espera que, esta medida con la que se pueden beneficiar a cientos de
familias, sea aprobada en el próximo pleno de Puerto del Rosario
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Se
trata de crear una línea de ayudas para hacer frente al pago del IBI en
vivienda habitual para familias, mujeres víctimas de Violencia de Género,
preceptores de la PCI o beneficiarios del servicio de teleasistencia
19, noviembre, 2019.- Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, han
presentado este martes una moción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en
la que instan al grupo de gobierno a redactar y aprobar la Ordenanza Reguladora
de las Bases para la concesión de subvenciones sociales dirigidas a personas y
familias con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por
vivienda habitual de Puerto del Rosario, conocida como IBI social. "El
espíritu de estas ayudas es rebajar el pago de impuestos para las personas y
familias que peor lo están pasando en la isla en la que más sube el paro y que
peores indicadores económicos presenta", defiende Fernando Enseñat,
concejal del PP en Puerto del Rosario.
Los populares además, instan al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a
que contemple una ficha presupuestaria destinada a la puesta en marcha del
referido IBI Social en los próximos presupuestos del ejercicio 2020. "Al
no ser una ordenanza fiscal, basta con la aprobación de las bases de la ayuda y
que tenga ficha presupuestaria. En estos momentos, el grupo de gobierno está
elaborando los presupuestos y queremos ser constructivos y proponer medidas que
vayan directamente a las familias", propone Enseñat.
Una medida que trataría
de otorgar una línea de ayudas y su cuantificación en relación con las familias
titulares de sus viviendas en las que se tienen en cuenta tres factores: el
número de miembros de la unidad de convivencia, sus ingresos brutos anuales y el
valor catastral de las viviendas. Combinando estos tres factores se puede
ampliar el abanico de posibles beneficiarios, y al mismo tiempo, ajustar el
importe de las subvenciones a las circunstancias de las familias solicitantes.
Paralelamente, la
Ordenanza podría recoger un tratamiento diferenciado a aquellas familias
respecto de las que existe expresa constancia previa de su situación de
especial necesidad o vulnerabilidad, como las perceptoras de la Prestación
Canaria de Inserción, las beneficiarias de las Prestaciones Económicas para
Situaciones de Especial Necesidad, Emergencia Social, mujeres víctimas de
Violencia de Género, familias solicitantes del servicio de Ayuda a Domicilio, o
familias declaradas monoparentales.
"La primera ciudad
en la que se aplicó este IBI Social fue en Málaga en el año 2000 de la mano de
un Alcalde del PP, Francisco de la Torre", asegura Enseñat. "Luego ha
sido trasladada ciudades como Las
Palmas. Es una ayuda que está en sintonía con las reiteradas promesas del
Alcalde que ha asegurado que pretende triplicar el presupuesto destinado a
Asuntos Sociales por lo que esperamos que no rechace esta medida. Esta es, a
nuestro juicio, la mejor forma: una ayuda directa al que más lo necesita, que
no merma la recaudación del ayuntamiento y que posibilita el pago de impuestos
a las personas que, de otra forma, no pueden afrontar el pago del IBI".
Fernando Enseñat
recuerda que "esto es muy importante tenerlo en cuenta pues a muchas
familias se les han denegado ayudas, becas por ejemplo, por no estar al
corriente de pago de impuestos con la administración. Es la pescadilla que se
muerde la cola por lo que esto evitaría la situación de morosidad de personas
en situación de riesgo", sentencia.
