Fuerteventura.- Puerto del Rosario insta a la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias

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Fuerteventura.- En la última sesión plenaria celebrada el pasado 29 de junio, el Pleno de Puerto del Rosario aprobó por unanimidad la moción institucional referente al contenido de las fichas de catálogos municipales, donde se insta, por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento capitalino al Gobierno de Canarias la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, dejando sin efecto el apartado c) del artículo 52.4 de dicha Ley, relativo a los planos de planta, alzados y secciones de los catálogos municipales.

La finalidad de dicha instancia contempla facilitar la accesibilidad de los mismos a aquella persona física o jurídica que lo solicite, permitiendo el cumplimiento del derecho a la privacidad o intimidad del/la particular que posee el bien inmueble, siempre y cuando aquel no esté considerado como Bien de Interés Cultural. 
Son, por tanto, informaciones necesarias de proteger por razones de seguridad de los bienes privados o de sus titulares, protegidas por ley como la mejor forma de delimitar las obligaciones a los/as destinatarios/as de conformidad con los criterios objetivos aquí establecidos.
En palabras del alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, “actualmente la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, dificulta la elaboración de los catálogos arquitectónicos, en mayor o menor medida, por el posible celo ocasionado de los/as propietarios/as de los inmuebles susceptibles de ser protegidos, pues la administración suele inscribir datos de los mismos que se encuentran bajo privacidad.
 En este sentido, entendemos que si se dejara sin efecto el apartado c) del artículo 52.4 de dicha Ley, relativo a los planos de planta, alzados y secciones de los catálogos municipales, habría una mayor facilidad a la hora de elaborar dichos catálogos municipales que son absolutamente necesarios para establecer los elementos a conservar en cada municipio. Se trata, en definitiva, de mejorar la ley facilitando los trámites administrativos necesarios para la protección de nuestro patrimonio”.