El
contrato menor de servicio tendrá un tope de 15.000 euros y las
administraciones públicas deberán publicar cada tres meses los contratos
menores
Puerto del Rosario, 15 de febrero de 2018.-
La nueva ley de Contratación Pública introducirá cambios significativos para
favorecer, por un lado, la transparencia en los procedimientos de contratación
de las administraciones públicas y, por otro, para impulsar las pequeñas y
medianas empresas. Así lo destacaron en la presentación de la jornada
informativa, celebrada ayer en la Cámara de Comercio, el presidente del Cabildo
de Fuerteventura, Marcial Morales, el consejero insular de Hacienda , Rafael
Páez, y el vicepresidente primero de la Cámara, Antonio Hormiga, ante más de
medio centenar de empresarios, emprendedores y agentes económicos de
Fuerteventura.
El consultor Fernando Fariña fue el encargado
de desgranar los entresijos de la nueva norma que obliga a las administraciones
públicas a publicar todas las licitaciones en la plataforma estatal de
contratación pública (www.contrataciondelestado.es) “por lo que desaparece la
obligatoriedad de publicar en los boletines oficiales y obliga a publicar en la
plataforma”.
El mandato de Europa, explicó, insta a las
administraciones, además, a realizar un esfuerzo para fraccionar el objeto de
contrato en lotes “y que no sea el gran empresario que se lleve el contrato
porque el pequeño no tiene solvencia”. En esta línea, se valora especialmente
la calidad que proviene del pequeño empresario, el más cercano a la
administración, y, además, “se logra que si existe algún problema sólo se
paralice una parte del servicio”.
El valor del precio tampoco será el criterio
principal de adjudicación ya que se primarán
los componentes sociales y medioambientales. Todo esto, insiste Fariña, otorga a
la administración pública una gran responsabilidad de dar un giro a lo que son
los procesos porque “toca cambiar el modelo de gestión”. De esta manera, insiste, se tiene en cuenta que hay un
sector, el de las pymes, “que realmente genera empleo y tiene un impacto social
importantísimo”.
Fariña también desveló las claves de la
regulación del artículo 118 del contrato menor de servicio donde, constató,
“existe una cierta preocupación”. Y es que, por primera vez se establece un
límite anual de 15.000 euros en suministros y servicios por lo que “cualquier
empresario que llega a este límite no puede sobrepasar la cantidad”. Para
evitar la picaresca y que se pueda ramificar el concepto, la ley obliga a que
la administración pública deba publicar
cada tres meses todos los contratos menores que suscriba por lo que “si se
evidencia que hay conexión entre esas empresas adjudicatarias se convierte en
algo público que puede ser incluso objeto de impugnación”. Tras la exposición,
los asistentes tuvieron ocasión de solventar todas sus dudas en un animado coloquio.
