El reciente auto del TSJC por el que se rechaza la pretensión de la
multinacional Red Eléctrica Española (REE) y del Gobierno de Canarias de
suspender la paralización cautelar del tendido eléctrico entre Puerto del
Rosario y Gran Tarajal viene confirmar dos cuestiones que desde julio de 2015
ya habíamos adelantado:
1. El Gobierno de Canarias trabaja junto a
REE, contra las islas orientales y la legalidad. Así se demuestra en el propio
auto, cuando ambas entidades (Gobierno y REE) defienden los mismos argumentos.
E incluso, como mal menor para su intereses comunes, coinciden al pedir al TSJC
que en la suspensión cautelar de este tramo de tendido, se pueda extraer la
obra de la nueva subestación de
Gran Tarajal y así continuar los trabajos en ésta mientras se toma una decisión
final.
2. Ataque a la autonomía de las instituciones
locales, en un intento de degradar y menospreciar sus competencias. El
Gobierno critica al TSJC porque considera que en este conflicto
de intereses debe primar sobre las
islas orientales “el interés general de toda la Comunidad Autónoma”.
Ante lo que el TSJC da al tándem Gobierno/REE una auténtica lección de
elegancia y coherencia: “El posible conflicto de intereses entre
administraciones no se resuelve en favor de la Administración con mayor ámbito
territorial, sino aplicando los criterios legales”.
Pero el auto también nos permite extraer una conclusión sobre la actitud
que están manteniendo nuestras administraciones locales al mantener reuniones
con los defensores del proyecto del tendido:
- Los encuentros de Cabildos y Ayuntamientos
con REE y Gobierno de Canarias (el último hace apenas una semana) están siendo
utilizadas por el tándem eléctrico como argumento ante el TSJC para conseguir
reactivar el proyecto del tendido
y suspender su paralización.
Ante ello, desde julio 2015 planteamos a las instituciones de
Fuerteventura y Lanzarote la necesidad de adoptar las siguientes medidas:
1. Suspender cualquier tipo de contacto o
gestión con el Gobierno de Canarias y REE hasta que no renuncien formalmente a
utilizar estas reuniones como argumento jurídico ante el TSJC para defender su
proyecto, traicionando la buena voluntad local.
2. Adoptar de forma inmediata acuerdos
plenarios en todas las instituciones, reclamando al Gobierno de Canarias que no
presente nuevos recursos o adopte nueva acciones judiciales en contra de los
intereses defendidos por las instituciones locales majoreras y conejeras.
3. Adoptar acuerdos plenarios exigiendo al
Gobierno de Canarias que, una vez vista la contundencia del pronunciamiento del
TSJC, revise de oficio todas las autorizaciones y resoluciones concedidas en
relación con el tendido eléctrico de 132 kV, suspendiendo su declaración como
'de interés general' y dejando sin efecto los permisos.
4. Crear una mesa energética con
participación social e institucional, en la que poder consensuar alternativas a
nuevo tendido de 132 kV y promover iniciativas que, en clave social y
ambiental, permitan activar la transición a un modelo energético alejado de los
intereses de las grandes multinacionales del sector y más cercano a los
ciudadanos y al sentido común.
