- El alcalde remite dos escritos sobre la cuenta general de 2015 y sobre la deuda con Canaragua a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
- La Junta de Gobierno Local acuerda poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas y elevar denuncia ante la Fiscalía.
El alcalde también se ha dirigido hace unos días a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Amador relata en su misiva que hasta en cinco ocasiones se ha dirigido a la presidencia de la sociedad, que ostenta el concejal de la oposición Rafael Avendaño, para solicitar información económica de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a los estipulado por los órganos fiscalizadores, de suministro de información de las entidades locales y sus sociedades dependientes.
En la Junta General de accionistas de Suministros de Aguas de La Oliva del pasado 29 de julio se aprobó, con el voto en contra de los siete concejales del grupo de gobierno y las abstención de los concejales del grupo Votemos La Oliva, las cuentas anuales de la mercantil. Desde esa reunión, fueron varios los requerimientos que el alcalde remitió al presidente de Suministros de Aguas de La Oliva para que remitiese al Ayuntamiento dichas cuentas aprobadas de manera que se pudiese conformar en el expediente de la Cuenta General de la Corporación.
El 11 de agosto se envía al Ayuntamiento una fotocopia del balance de cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, no remiten las cuentas anuales en su conjunto, documento necesario para poder conformar la Cuenta General. Definitivamente, el 8 de septiembre tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento las cuentas anuales de Suministros de Aguas de La Oliva.
Este retraso de los responsables de Suministros impide al Ayuntamiento poder aprobar su Cuenta General en plazo. En la Comisión Especial de Cuentas celebrada este lunes 26 de septiembre, se inició el trámite para aprobar las Cuenta General del Ayuntamiento de 2015, acto que no podrá realizarse hasta el pleno de finales de octubre, ya que las cuentas deberán elevarse ahora a exposición pública.
Desde el Ayuntamiento se procede a realizar una comprobación entre el documento de las cuentas de Suministro registrado en el Ayuntamiento y que fue aprobado por Junta General y el documento que fue depositado en el Registro Mercantil. En ese cotejo, se comprueban notables diferentes entre ambos, hecho constitutivo de un posible delito de falsedad documental, por lo que el alcalde Pedro Amador se ha dirigido a la Audiencia de Cuentas de Canarias, poniendo en conocimiento de la entidad fiscalizadora estos hechos.
Entre el documento aprobado en la Junta General y el depositado en el Registro Mercantil, hay un aumento de las cuentas de 483.070 euros sin justificar en el total activo-pasivo. Además, destaca el incremento de la partida de resultado del ejercicio, que pasa de 630.803 a 1.079.856 euros, lo que significa 449.053 euros de diferencia.
En el escrito dirigido a la Audiencia de Cuentas de Canarias, el alcalde Pedro Amador, ruego al órgano autonómico que tome las medidas oportunas para evitar males mayores en la gestión de esta entidad pública, que “por un lado nos ha llevado a incumplir con nuestras obligaciones de remisión de información a los órganos fiscalizadores y, por otro lado, se trata de hechos en sí mismos que afectar gravemente al devenir de la sociedad debido a la falsedad documental manifiesta”, apunta Amador.
Deuda con Canaragua
La Junta de Gobierno Local de esta martes 27 de septiembre acordó remitir también al Tribunal de Cuentas copia del expediente relativo a la deuda existente con la empresa Canaragua, incluidas las cuentas de la sociedad Suministros de Aguas de La Oliva, por si de la misma se desprendiera responsabilidad contable por la actuación de la ex alcaldesa Claudina Morales u otras personas.
En relación a la deuda con Canaragua, la entonces alcaldesa Claudina Morales como autoridad responsable de ordenar la ejecución del pago de la deuda de 9.881.546,95 euros reconocida mediante sentencia judicial, no sólo no acordó el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto; sino que elevó al pleno propuesta de aprobación de la liquidación del contrato sin reconocer la obligación ni contabilizar la deuda, a pesar que venía obligado a ello; para posteriormente proceder, quebrantando toda la legislación vigente, a aprobar un acuerdo de subrogación de deuda, mediante cesión de la misma, a la sociedad mercantil de capital íntegramente público Suministros de Aguas La Oliva sin sujetarse al procedimiento legalmente establecido, adoptando el Ayuntamiento la posición de responsable del pago de la deuda, sin contabilizarse la misma en la contabilidad de la sociedad, pactando un pago aplazado hasta el año 2033.
El gobierno que preside Pedro Amador, en aras a solucionar la situación, incluyó en el orden del día de la última sesión plenaria, celebrada en julio, una propuesta para contabilizar la deuda y abonarla en su totalidad con una modificación de crédito procedente del remanente que, además, permitiría al Ayuntamiento ahorrarse más de dos millones de euros de intereses, propuesta que fue rechazada por los grupos Coalición Canaria, Partido Progresista Majorero y Grupo Mixto (Nueva Canarias).
Teniendo en cuenta que la concejala Claudina Morales, en su condición de cargo electo de la corporación, y portavoz del grupo político de Coalición Canaria, votó en contra de la propuesta, no prosperando la misma y por tanto abocando la continuidad de una situación de ilegalidad manifiesta, que intentará ser corregida interesando nuevamente al pleno de la corporación inicie expediente para proceder a la revisión de oficio y declaración de nulidad de los acuerdos adoptados a propuesta de la Señora Morales en la época en que fue alcaldesa, es por lo que se propone remitir los hechos al Tribunal de Cuentas.
Denuncia en Fiscalía
Todos estos hechos conforman una comunicación que la Junta de Gobierno Local ha acordado dirigir a la Fiscalía de Puerto del Rosario para que proceda ordenar la comprobación de los hechos que se relatan.
“Este grupo de gobierno quiere ser transparente en los asuntos de la gestión municipal, actuando conforme a ley, por lo que tenemos la obligación de poner en conocimiento de la justicia y de los órganos que corresponda, cualquier situación que se salga de la ley” subraya Pedro Amador, quien matiza, “será la justicia quien determine las responsabilidades de cada quien en estos asuntos”.
