Iñaki Lavandera defiende, entre otras cuestiones,
elevar las penas y los plazos de prescripción “para que, por ejemplo, la fianza
de un millón de euros que le ha impuesto un juez al Partido Popular por evasión
fiscal abarque más ejercicios y no sólo el de 2008, el único no prescrito a
efectos tributarios de cuantos abarca la caja B de ese partido”.
Canarias,
24 de mayo de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera,
afirmó este martes que el Gobierno del PP “difícilmente puede convencer a nadie
de que pague sus impuestos al mismo tiempo que aprueba amnistías fiscales”. En
el pleno del Parlamento, subrayó que luchar contra el fraude fiscal es defender
los servicios públicos básicos y una economía basada en la competencia y en la
responsabilidad social, porque el fraude es competencia desleal y limita la
respuesta de las administraciones para luchar contra la desigualdad”.
Afirmó que es,
además, “un robo a la colectividad, una estafa a la convivencia y una lacra
para la sociedad que en ocasiones se organiza como una mafia criminal para
operar desde paraísos fiscales”. Por ello, abogó por combatir esas prácticas
desde “todos los frentes posibles, y el primero de ellos no está precisamente
en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma”.
Explicó que para
el PSOE lo primero que hay que hacer es reforzar la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y, a continuación, todo el marco normativo “para
ponérselo más fácil a los técnicos de Hacienda y más difícil a los
defraudadores”. Entre otras cuestiones, planteó elevar las penas y los plazos
de prescripción “para que, por ejemplo, la fianza de un millón de euros que le
ha impuesto un juez al Partido Popular por evasión fiscal abarque más
ejercicios y no sólo el de 2008, el único no prescrito a efectos tributarios de
cuantos abarca la caja B de ese partido”.
Asimismo,
consideró inadmisible que las pymes tributen al tipo nominal del 25 por ciento
y las grandes corporaciones multinacionales lo hagan al 7, motivo por el que el
PSOE defiende la fijación de un suelo en este impuesto. Remarcó que la Agencia
Tributaria del Estado “tiene que potenciar su colaboración en la lucha contra
el fraude y la economía sumergida: la Fiscalía y el Poder Judicial, las fuerzas
y cuerpos de seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera, pero también el
conjunto de comunidades autónomas que, como Canarias, se han dotado de
instrumentos y planes de acción específicos para combatir el fraude fiscal”.
Recordó
que en el archipiélago, la Agencia Tributaria Canaria está
en fase de despliegue y ya está aplicando medidas para frenar el fraude fiscal.
Agregó que hasta que se reforme el actual sistema de financiación, Canarias
tiene que destinar de sus recursos propios en torno a 800 millones para cubrir
las facturas de sanidad, educación y servicios sociales. “Una buena política
recaudatoria y el crecimiento de la economía nos permitirá cubrir ese sobrecoste
sin necesidad de incrementar la presión fiscal y, sobre todo, tendremos un
sistema de recaudación más eficiente y una economía más limpia”, dijo.
