La Federación Canaria de Islas (FECAI)
reunida este martes, 16 de octubre, con carácter extraordinario, en Tenerife,
acordó por unanimidad apoyar la propuesta de declaración institucional
presentada por el Cabildo de Fuerteventura en relación a la reciente llegada de
inmigrantes africanos a sus costas.
Un acuerdo unánime alcanzado con la
presencia de los presidentes de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y
El Hierro, así como los consejeros del área en representación de los cabildos
de Gran Canaria y Tenerife.
“Todos los cabildos nos solidarizamos
con la situación que vive en Lanzarote y Fuerteventura, vamos a asumir nuestra
responsabilidad ante un tema tan sensible, atendiendo en nuestro caso
especialmente a aquellos menores que lleguen a nuestras costas, pero con la
corresponsabilidad y la determinación que demandamos del Estado y del Gobierno
de Canarias, a los que exigimos coordinación y recursos para poder abordar
entre todos esta realidad en su situación actual, lejos aún de lo que hemos
vivido años atrás, pero que, sin duda, nos preocupa enormemente”, declaró al
finalizar la reunión la presidenta de turno de la FECAI, Belén Allende.
De esta manera, tal y como informa
Allende, los cabildos demandarán del Estado mayor control de las costas, más
efectivos para llevar a cabo las pruebas que determinen la minoría de edad y la
disponibilidad de acuartelamientos militares, de forma excepcional y temporal,
como recursos para la acogida inmediata, temporal, de los inmigrantes.
También exigen una coordinación entre
Estado y Gobierno de Canarias para adoptar las medidas oportunas y hacer frente
al impacto de la inmigración en las Islas, y, al tiempo, que extiendan esta
coordinación a la zona de la Macaronesia y África occidental.
A su vez, la FECAI solicita que se
realicen los trámites necesarios para pedir a otras comunidades autónomas que
reciban menores de las comunidades más afectadas por ese fenómeno migratorio:
Andalucía, Canarias, Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Los cabildos también han llegado al
consenso de una redistribución “proporcional a la realidad actual, diferente a
2002”, y buscan el apoyo del Gobierno autonómico para habilitar centros de
acogida inmediata en las islas más impactadas en cada momento, como un recurso para
que puedan estar debidamente atendidas estas personas pendientes de la
determinación de edad.
