No es de recibo que en un territorio fragmentado como Canarias, después de tres lustros del siglo XXI determinadas élites se sigan considerando el centro del universo y, por ello, crean merecerlo todo.
En Canarias hemos asistido desde tiempos inmemoriales a la confrontación fratricida promovida por las élites políticas dominantes de las islas más pobladas. Esta confrontación secular aparece y desaparece como el Guadiana con la llegada de dirigentes mediocres cuyo objetivo es la defensa exclusiva de los intereses de su terruño, lo que se traduce en el desprecio a la defensa del desarrollo armonioso del conjunto de las ocho islas pobladas del Archipiélago. Ahí están las hemerotecas y el relato machacón y bananero de estas lumbreras.
Esta
actitud deleznable se ha contagiado además a algunos partidos políticos y, en
especial, a algunos partidos nacionalistas que convierten cada proceso
electoral en una competición de naturaleza territorial. Este comportamiento no
es nuevo, pues se ha vivido en Canarias durante siglos, pero adquirió una
especial virulencia con el denominado pleito insular, que surgió
paralelamente al proceso de división provincial de 1927.
En una retrospectiva podríamos
llegar a considerar que la capitalidad de las Islas Canarias pasó por San Marcial del Rubicón (en Lanzarote),
Betancuria (en Fuerteventura), Las Palmas de Gran Canaria (en Gran Canaria) y
San Cristóbal de La Laguna (capital de
facto en Tenerife), hasta que en 1843 se confirmó la capitalidad de
Canarias en Santa Cruz de Tenerife, que
es la única ciudad que llegó a ostentar tal título de manera oficial en el pasado.
Las élites políticas y la burguesía
grancanaria no se hicieron esperar y manifestaron antes, durante y después del proceso de constitución de la provincia única de Canarias con capital en Santa Cruz de Tenerife, su
disgusto con esta decisión del Gobierno central. Consideraban que esta medida
apoyada por los gobernadores civiles y los capitanes generales, sólo beneficiaba
a la burguesía tinerfeña y, como mucho, a los habitantes de esa isla. Desde entonces comenzó la lucha por la capitalidad del Archipiélago, que desembocó en la «división provincial» de 1927.
Ese año el Gobierno del General
Primo de Rivera acabó con la provincia única de Canarias y consagró la división
del Archipiélago Canario en dos provincias: la de Las Palmas (formada por las islas de Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote, Archipiélago Chinijo e isla de Lobos) y la de Santa
Cruz de Tenerife (a la que correspondían las islas deTenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). El disgusto fue tan grande que todavía anida en el corazón del Tenerife más profundo.
En medio de esta guerra fratricida
por la capitalidad del Archipiélago y la división provincial surge un
movimiento desde las islas periféricas, liderado por el letrado majorero Manuel
Velázquez Cabrera, que concluye con la creación de los Cabildos Insulares en
1912.
Con la aprobación de esta Ley el
Gobierno central trató de dar respuesta a los anhelos de unas islas
totalmente
olvidadas por la burguesía de Gran Canaria y Tenerife que se empleaba a
fondo
en la lucha por la capitalidad de
Canarias, sin que movieran un dedo para tratar de aliviar las penurias y
falta de infraestructuras de todo tipo de las islas periféricas.
En
poco tiempo estas instituciones de marcado carácter insular
consiguieron un importante prestigio al promover el desarrollo económico
y social en todas y cada una de las islas de manera sosegada. Jamás
las mal llamadas "islas menores" trataron de buscar la
confrontación con los poderes fácticos de las islas de Gran Canaria y
Tenerife, que aún utilizaron durante décadas las desaparecidas mancomunidades interprovinciales para frenar el desarrollo de las islas periféricas.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, los cabildos inulares no solo mantuvieron su marco competencial sino que lo vieron ampliado, bien por las transferencias recibidas o bien por la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma. Este amplio paquete competencial transformó a los cabildos en verdaderos gobiernos insulares con legitimidad democrática plena, ya que sus representantes son elegidos directamente por sufragio universal. Desgraciadamente algunos oportunistas sin escrúpulos han olvidado el papel histórico de los Cabildos y los utilizan también como palanca de promoción personal, entrando al trapo del insularismo más deleznable.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, los cabildos inulares no solo mantuvieron su marco competencial sino que lo vieron ampliado, bien por las transferencias recibidas o bien por la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma. Este amplio paquete competencial transformó a los cabildos en verdaderos gobiernos insulares con legitimidad democrática plena, ya que sus representantes son elegidos directamente por sufragio universal. Desgraciadamente algunos oportunistas sin escrúpulos han olvidado el papel histórico de los Cabildos y los utilizan también como palanca de promoción personal, entrando al trapo del insularismo más deleznable.
Desde la división provincial las
élites políticas dominantes de Gran Canaria y Tenerife no solo han mantenido en
el tiempo el pleito insular, sino que han tratado de implicar al resto de las
islas en esta pelea absurda. Con la llegada del Estatuto de Autonomía y la
constitución del primer Gobierno de Canarias en 1982, determinados partidos
políticos, principalmente los partidos progresistas de ámbito estatal, trataron
de poner freno al pleito insular y a la atomización de Canarias en siete
espacios insulares.
Pero estas buenas intenciones no han tenido mucho éxito. Treinta y cuatro años después de la
aprobación del Estatuto de Autonomía, el insularismo campa a sus anchas y los intereses locales siguen
adquiriendo un peso sobredimensionado frente los intereses de la vida política
del Archipiélago en su conjunto. De cuando en cuando vemos como las élites políticas
y mediáticas, además de algunos políticos de vuelo raso de Tenerife y Gran
Canaria se entretienen aireando cifras y supuestos agravios comparativos en
materia de inversión pública, relevancia en el comercio exterior, relaciones
políticas con Madrid, e infraestructuras de todo tipo, ignorando olímpicamente
a las islas no capitalinas, como si lo importante siguiera siendo el territorio y no las
necesidades de los ciudadanos, vivan en la isla que vivan.
Sin embargo hay un asunto que
paradójicamente les hace caminar en la misma dirección. Esas élites políticas dominantes
y egoístas de las islas centrales son las que quieren acabar con el sistema
electoral canario, esgrimiendo un supuesto desequilibrio en la representación
parlamentaria que discriminaría a Gran Canaria y Tenerife, frente al resto de
las islas, que, según ellos, estarían sobrerepresentadas. Por más
que sea cierto que hay que bajar los topes irracionales para acceder al
Parlamento de Canarias, establecidos en su momento por el PP y
Coalición Canaria, el objetivo real es un
secreto a voces: restar representación a las islas de Lanzarote, Fuerteventura,
La Palma, La Gomera y El Hierro, en favor de Gran Canaria y Tenerife. En eso es
lo único que coincide la burguesía de las islas centrales: acaparar todo el
poder.
Lo peor que le puede pasar a
quien presume de eficiencia y eficacia es hacer el ridículo. Y la élite
insularista de uno y otro bando, de una y otra orilla, que no para de mirarse el ombligo, está
haciendo algo más que el ridículo con sus discursos trasnochados, que podemos
ver un día sí y el otro también en los medios de comunicación de referencia en
Canarias. En el fondo, con esta actitud lo que están haciendo es una campaña de
promoción personal permanente, alimentando su vanidad y sus ansias de poder a
costa de los sentimientos de la gente, y haciendo un daño irreparable a nuestra
Comunidad Autónoma. Estos ególatras impresentables se están encargando de que la
política en las Islas se convierta en un juego frívolo que persigue la demolición del proyecto global de
Canarias, proyecto que va quedado cada vez más triturado.
A las islas no capitalinas nos convendría estar alerta y no bajar la guardia con la maldición del insularismo insolidario. Cuanto más fuerte sea nuestra Comunidad, más fuertes seremos los canarios de a pie que queremos hacer compatible el desarrollo de cada isla con el interés general de Canarias. No es de recibo que después de tres lustros del siglo XXI determinadas élites económicas y políticas de las islas centrales se sigan considerando el centro del universo y, por ello, crean merecerlo todo.
A las islas no capitalinas nos convendría estar alerta y no bajar la guardia con la maldición del insularismo insolidario. Cuanto más fuerte sea nuestra Comunidad, más fuertes seremos los canarios de a pie que queremos hacer compatible el desarrollo de cada isla con el interés general de Canarias. No es de recibo que después de tres lustros del siglo XXI determinadas élites económicas y políticas de las islas centrales se sigan considerando el centro del universo y, por ello, crean merecerlo todo.
Domingo F. Fuentes Curbelo
Soy canario, de la isla de Fuerteventura. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Socialista. He sido consejero y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la comunidad Autónoma de Canarias. Escribo en mis ratos libres y he publicado varios libros (novela y poesía).
