Lola García, diputada del Grupo
Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, expuso ayer en la
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento de
Canarias, las acciones que la consejería que dirige Cristina Valido
viene desarrollando para posibilitar que los arrendatarios de
viviendas sociales tengan la opción de acceder a la titularidad de
las mismas.
“Estamos hablando de unas 4.527
viviendas en toda Canarias. Evidentemente cada caso es diferente,
porque por supuesto cada familia arrendataria también lo es. Por eso
el Gobierno está trabajando en una doble línea. Por un lado un
informe de carácter fiscal, tributario y mercantil para evaluar las
condiciones en las que se puede realizar la adquisición. Y un
segundo informe de carácter jurídico, que avale legalmente el
procedimiento”, señaló la diputada majorera.
Lola García intervino en
representación del Grupo Nacionalista Canario en el marco de la
comparecencia de la presidenta de la Asociación Plataforma Ciudadana
Viviendas Sociales en Lucha.
Aclaró que según la información
facilitada por el Gobierno, estos informes deben estar culminados
durante las próximas semanas, “a partir de entonces ya se podrá
ir evaluando cada caso individualmente, si es posible o no, y en qué
condiciones”.
Advirtió
además que “la coyuntura laboral y hasta económica actual es muy
complicada para casi todas las familias, y nos encontramos con
relativa frecuencia con muchos casos en los que el domicilio de los
padres o abuelos acaba acogiendo a toda la familia, y por lo tanto de
la trasferencia de ese alquiler a los hijos depende a veces no solo
la supervivencia de una familia sino hasta de sus descendientes”.
En relación con la oferta de
viviendas sociales y en general con la demanda expuso la diputada
majorera el caso particular “de islas como Fuerteventura ,
y entiendo también que probablemente en áreas turísticas de las
otras islas, donde tenemos una problemática específica asociada al
crecimiento turístico, a la demanda asociada a la mano de obra
recién llegada, a la afección el alquiler vacacional, la escalada
de precios de la vivienda, etc”., y que por lo tanto requiere de
coordinación entre las instituciones locales y el Gobierno para
plantear nuevos proyectos de forma urgente.
