La
diputada del Grupo Nacionalista Canario, Lola García, defendió ayer en el
Parlamento de Canarias la necesidad de reforzar los recursos y la información
para ampliar el acogimiento familiar a menores en situación de desamparo.
Además de subrayar la necesidad de “mejoras en la dotación de juzgados del
Menor y la Familia, y la potenciación de los puntos de encuentro familiar en
todas las islas, especialmente en islas no capitalinas como Fuerteventura”.
Destacó la diputada majorera que para poder llevara delante esta labor “hay que
sumar sinergias en materia de gestión judicial relacionada con los menores y
las familias”.
La intervención se desarrolló en el
marco de una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, para informar acciones de la Consejería en el
sistema de protección al menor en Canarias, plantada por NC.
Durante su intervención Lola García
reconoció que en Canarias se ha avanzado sensiblemente en materia de
acogimiento familiar para los niños declarados en situación de desamparo de entre
0 y 6 años de edad. “Pero hay que ir más allá con el resto de edades”, apuntó.
En
Canarias hay 1.358 menores en desamparo,
de los que 669 se encuentran acogidos en centros, mientras que 689 están en
acogimiento familiar, 134 de ellos en familia ajena, según la información
facilitada en la Comisión informativa del 15 de abril. De hecho, en la
actualidad, 96 familias forman parte del sistema de acogimiento.
La
figura del acogimiento se plantea como una medida temporal en la que el menor
está acogido en una familia o en un centro hasta que la situación que ha
generado el desamparo se resuelva o bien pase a adopción. El marco jurídico
establece que, como máximo, el menor puede estar dos años en acogida.
Por este motivo, recordó Lola García
que desde el comienzo de esta Legislatura el Grupo Nacionalista Canario
entendió que el sistema de protección al menor en Canarias requería de un
esfuerzo de gestión y potenciación, “y de ahí que se respaldara la propuesta de
retomar el funcionamiento de una Dirección General específica para la
Protección del Menor y la Familia”.
Esta evolución organizativa era
imprescindible para encarar la coordinación de la aplicación del nuevo marco
normativo que en materia de protección al menor se viene desarrollando tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico en el último año, a partir de la “Ley de Protección de la Infancia”,
y de la “Ley Orgánica complementaria de Protección de la Infancia” aprobada en
julio de 2015 en el Congreso.
El objetivo debe ser incorporar la
defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho
sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó la ONU en 2013. Innovando
para ello en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil,
la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley
Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
La
reforma de Infancia y Adolescencia toca una veintena de leyes, no sólo el
Código Civil y la de protección del menor, sino también la de Extranjería, la de
Seguridad Social, la de Dependencia o la de Violencia de Género, para dar forma
a todo el cuerpo normativo que afecta a los niños y adolescentes en España, en
algunos casos creando nuevas medidas y en otros, aglutinando las que ya aplican
las comunidades autónomas.
Es
el caso del sistema de acogida y adopción, se prioriza el acogimiento familiar
para los menores de seis años de edad y se desjudicializa el proceso de modo
que sea la administración la que decida dónde aloja al menor.
