La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, defendió hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias la necesidad de que la normativa educativa se adapte a la consideración del alumnado con Dislexia, “a partir de una evaluación que debe hacerse cuanto antes. Porque así las respuestas a sus necesidades especificas llegarán también más temprano y serán más eficaces”.
Lola García expuso el contenido de una Proposición No de Ley elaborada por todos los grupos políticos del Parlamento, gracias a una propuesta de actuación planteada por los representantes de DISLECAN, la Asociación de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Indicó que esta demanda “es un ejemplo de cómo la legislación y hasta la propia conciencia social y la definición de las pautas de apredizaje, van por detrás de la verdadera realidad de las personas y sus necesidades”.
Se refirió a que “desde siempre hemos convivido con alumnado que tenía unas dificultades de aprendizaje asociadas a trastornos específicos de base neurobiológica, y que se manifestaba a la hora de leer o escribir”.
“Y aunque como docentes quizá fuimos capaces de intuir que algo diferente había, lo cierto es que ni a la hora de identificarla situación, ni a la de plantear estrategias de intervención teníamos las herramientas suficientes y hasta el propio conocimiento del caso en sí”, reconoció.
Según los especialistas, la incidencia de estos casos probablemente se sitúa entre un 3% y el 6% del alumnado, pero en algunas comunidades ha llegado hasta el 10%.
Aclaró que lo que se plantea como mejorasen esta PNL no responde tanto a una dotación presupuestaria. Ni requiere de grandes recursos suplementarios: “es la consideración de alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje, para que se trabaje desde los equipos de orientación educativos y psicopedagógicos en la definición de sus necesidades específicas educativas, y que además esta evaluación se haga cuanto antes”.
Todo ello acompañado de la ponderación adecuada a la hora de realizar pruebas académicas o valorar criterios para acceder a becas. Y que este alumnado reciba un tratamiento razonable dentro de la consideración de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).
Recordó Lola García que en octubre del año pasado el Congreso aprobó una iniciativa por la que se insta al Estado a elaborar un plan nacional que sirva de ayuda a todos los niños afectados, en la misma línea de los que existe en otros países europeos como Francia o Alemania.
En ese momento se estimó que la Dislexia afecta aproximadamente a 700.000 escolares en toda España, y que si esta plan nacional se aplicaba con eficacia en todas las comunicades autónomas el considerado fracaso escolar podría verse reducido hasta en un 40% si hubiera un diagnóstico real y temprano de todas las personas disléxicas.
“Evidentemente, es un problema estructural, y debemos tener en cuenta que debe empezar a atenderse proporcionando al profesorado una formación y apoyo específico para su detección y abordaje”, concluyó Lola García.
