El problema surge cuando se
nombra a un profesor y éste renuncia a incorporarse al centro. Ya sea porque
está trabajando en otra comunidad, o porque está en el extranjero o incluso en
el caso de personas fallecidas que seguían en listas.
En estos casos el centro tiene
que esperara al siguiente nombramiento, que dependiendo de las fechas y las
situaciones puede acabar significando varias semanas sin docente nombrado. Todo
esto a quien perjudica es al centro y al alumnado.
La
consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad
Monzón, explicó que su departamento ha
cubierto 1.053 bajas de docentes en todas las etapas educativas de Canarias,
desde que comenzó el curso escolar 2015-2016.
Señaló que, “si bien todavía existen varios aspectos del sistema de
sustituciones que podemos mejorar, la gran mayoría de las bajas se cubren de
forma rápida y estable”.
Por
su parte, Lola García destacó la importancia de que la administración educativa
“no mire sólo las bajas de forma individual, sino los casos en los que se
acumulan en un mismo centro”. Al respecto, Monzón apuntó que se está trabajando
en esa línea, para habilitar los mecanismos que permitan contar con esa
información y dar prioridad a las sustituciones en los centros más afectados.
La
diputada de Coalición Canaria destacó la activación de las listas de reserva
que se ha producido en este comienzo de Legislatura y valoró que la consejera
“nos escuche cuando le planteamos los problemas que nos transmite la comunidad
docente de nuestra isla”, como es el caso de las bajas de larga duración, que
resultan difíciles de cubrir.
Sobre
esos puestos de difícil cobertura, por su lejanía o escasa población, la
consejera destacó que “hemos tenido casos de hasta 5 renuncias consecutivas, con
el problema que eso supone para dar al alumnado el servicio que merece”. De ahí
que la Consejería esté buscando fórmulas para agilizar los trámites de
nombramientos, al mismo tiempo que se respeta el derecho de las personas que
están en las listas de reserva a conservar su puesto en las mismas y tener un
plazo mínimo para decidir si se incorporan o no al puesto de trabajo. Un asunto
que la Consejería introdujo el primero en las reuniones de la Mesa Sectorial de
personal docente no universitario, con el fin de alcanzar un acuerdo con los
sindicatos.
