La
diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola
García, valoró ayer en el Parlamento de Canarias el trabajo
desarrollado en esta Legislatura por la consejera de Educación y
Universidades, Soledad Monzón, “como un ejemplo de que con diálogo
y planificación se puede alcanzar resultados más que
satisfactorios”. Aunque sigamos pendientes de la estabilización de
los recursos de financiación estatal para que no dependan del
gobernante de turno en Madrid.
Lola
García intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario
durante el debate de una moción que enumeraba una serie de acciones
en materia educativa.
Consideró
que más allá de medidas parciales, “lo importante es trabajar en
la línea del Pacto Social, Político y Económico por la Educación,
en el mismo esfuerzo conjunto de mejora, que dio lugar a la Ley
Canaria de Educación no Universitaria” aprobada en su momento por
todas la fuerzas políticas menos el Partido Popular, que se
abstuvo.
Detalló
que partimos
de la necesidad de que el alumnado crezca en una sociedad que de
verdad valore su sistema educativo. “Y este sistema educativo no es
un ente abstracto. No es un conjunto de normas, leyes y objetivos. No
son edificios, más o menos modernos, que albergan colegios. Ni si
quieran son programaciones educativas o evaluaciones. El sistema
educativo es una expresión del conjunto de la sociedad. El sistema
educativo son sobre todo las personas”.
Por
ello valoró el trabajo de “miles de personas en Canarias que día
tras días encaran con la mejor actitud y disponibilidad posible esta
labor. Para que nuestros hijos tengan la mejor formación posible,
con los recursos que existen. Y lo hacen en la educación privada, en
la concertada, efectivamente, pero sobre todo en la pública, porque
además es la mayoritaria y la de mayor acceso para todas las
familias”.
Subrayó
que gracias a este esfuerzo colectivo ahora el alumnado canario
presenta mejores ratios de rendimiento educativo que la media
estatal, ampliando significativamente el número de docentes en más
de mil personas, pese a que en este tiempo el número global de
alumnado ha descendido en unos cinco mil.
Advirtió
finalmente de que no
podemos estar continuamente imponiendo leyes educativas dependiendo
de quien gobierne en Madrid, “claro
que hay que hacer mejoras, pero tras un debate profundo y sosegado, y
sobre todo sustentando en las indicaciones de los especialistas”.
