Mario
Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura,
advirtió en el Parlamento de Canarias de los problemas y perjuicios que la
aplicación de la nueva Ley estatal de contratación en el sector público “viene
generando sobre pymes y profesionales locales que se encuentran con la competencia
de grandes consorcios, incluso de ámbito internacional”.
El
diputado majorero indicó que “la nueva ordenación puede tener muchas ventajas”,
pero puede dejar a las empresas locales con muchas menos opciones de acceso a
las licitaciones frente “a grandes conglomerados de servicios y proveedores,
algunos de ellos incluso internacionales, que acceden a estos contratos y luego
simplemente subcontratan, porque ni si quieran tienen personal propio aquí. Es
decir, reducen márgenes, crean mayor precariedad y dependencia en las pymes y
autónomos locales”.
No
obstante, reconoció que en este campo el grado de autonomía de actuación por
parte de las distintas administraciones locales es muy limitado, al tratarse de
una norma estatal que aplica una directiva europea.
La
consejera de Hacienda, Rosa Dávila, reconoció que pueden generarse
complicaciones añadidas para pymes y profesionales, aunque indicó que el
Gobierno de Canarias viene trabajando en la definición de las cláusulas
sociales que se pueden incorporar en los procesos de contratación pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias para garantizar una contratación pública
responsable.
Apunto
además la importancia de la formación de los equipos técnicos para optimizar el
contenido de la Ley estatal. Además de la creación de un observatorio de
contratación que permita ir detectando estos problemas y planteando posibles
respuestas dentro del marco de la norma estatal.
