Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, explicó ayer en el Parlamento autonómico que las islas deben reclamar al Gobierno de España la recuperación del derecho asumido en su momento por el Ejecutivo de Zapatero “para establecer la información y consulta previa a las instituciones canarias como requisito ineludible en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación minera en el entorno de las islas”.
Recordó el diputado majorero que en su momento la oposición de la sociedad canaria consiguió que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero paralizara las prospecciones petrolíferas, si no existía antes el consenso de la sociedad canaria a través de sus instituciones. “Este requisito llegó a materializarse en el borrador de Real Decreto, que incluso fue sometido a consulta”.
Aunque luego, con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy se paralizó este Real Decreto que reconocía la necesidad de consenso previo de la sociedad canaria, y se tramitó la autorización las prospecciones petrolíferas con la oposición de las instituciones de las Islas.
Mario Cabrera intervino ayer tarde en el Pleno del Parlamento en representación del Grupo Nacionalista Canario, durante el debate de una PNL del Grupo Podemos sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias autorizadas por Marruecos.
El diputado por Fuerteventura defendió además que dicho planteamiento incluyera también la demanda al Gobierno de España para que actualice la información científica existente relativa al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), del proyecto LIFE 07/NAT/E/000732 “INDEMARES”, que derivó en la designación “Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote – Fuerteventura”.
Esta actualización tendría como objeto incorporar las zonas propuestas por los científicos hasta la costa africana, en coordinación con la Comisión Europea y las propias autoridades de las naciones limítrofes, bien sea a través del propio LIC marino, bien a través de otra figura internacional de protección.
También planteó la necesidad que el Gobierno de España cree un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes, dirigido a suspender definitivamente las actividades mineras en el canal Canarias-África y plantear alternativas energéticas sostenibles, limpias y renovables.
