El
diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario
Cabrera, reclamó ayer al consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que
“atienda a lo que le ha dicho el Parlamento y las instituciones locales”
sobre el nuevo tendido eléctrico Fuerteventura - Lanzarote y “estudie
alternativas consensuadas con las islas”.
Mario
Cabrera cree además que el Gobierno debería actuar para investigar a
Red Eléctrica Española “porque, si como dice la propia
compañía, tenemos que creernos que el tendido eléctrico de
Fuerteventura registra más del 50% de las pérdidas de todo el Estado,
cuando apenas representa un 3% de su longitud, eso significa que ha
habido una importante dejadez y abandono por parte de la operadora
durante mucho tiempo. Al tratarse de una entidad que actúa en régimen
de monopolio y cuyo accionista mayoritario es el Estado, debería abrirse
una investigación por si caben responsabilidades”.
El
diputado majorero intervino en representación del Grupo Nacionalista
Canario durante la comparecencia del consejero planteada por NC sobre el
cumplimiento
de las resoluciones aprobadas en el Parlamento sobre las obras para la
instalación de la Línea de 132 kV y que afecta a Lanzarote y
Fuerteventura.
Consideró
que es necesario proceder a la revisión de las autorizaciones a REE
“atendiendo a los defectos que se han venido detectando en los
expedientes,
y a las decenas de las actas y denuncias de las instituciones locales
sobre el desarrollo de los trabajos”.
Y
recordó que pese a que el Gobierno no hizo caso al Parlamento cuando le
planteó retirar el recurso al auto que paralizaba cautelarmente el
tendido, “el
9 de marzo, el TSJC volvió a desestimar este recurso del Gobierno. Es
decir, el Gobierno no hizo caso a este Parlamento y los Tribunales
volvieron a decirle al Gobierno que se equivocaba y daba la razón al
Cabildo de Fuerteventura”.
Recordó al consejero Pedro Ortega que frente a los argumentos del Gobierno, el TSJC
“responde textualmente que el
posible conflicto de intereses entre administraciones no se resuelve en
favor de la Administración con mayor ámbito territorial, sino aplicando
los criterios legales. Es decir, que aquí no se trata de dimensiones,
señor consejero, sino de legalidad”,
señaló.
