La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, planteó ayer en el Parlamento de Canarias la necesidad de que el Gobierno de Canarias cree líneas de subvenciones, asesoramiento y apoyo administrativo, para la promoción de cooperativas energéticas vecinales.
Expuso que este tipo de colectivos cuentan ya con una cierta trayectoria en muchos países europeos y en determinadas comunidades autónomas. En Canarias también están organizándose y extendiéndose.
“Ya es hora de que las instituciones en general dejemos de tratar y hablar tanto con los grandes consorcios energéticos y comencemos a dedicar más tiempo a alternativas sociales y de cooperativismo energético. Creemos líneas de ayudas, servicios específicos de asesoramiento, campañas de información y seguimiento, porque por ahí se gana también en democracia”, advirtió Nereida calero.
Estas medidas contribuirían a comenzar a romper la dependencia de los grandes monopolios energéticos y ayudarían a socializar la producción y distribución de energía, “porque la maraña legal que tenemos encima y los costes de instalación actúan casi al modo de la Inquisición contra estos proyectos vecinales”.
Se refirió también a que además hay nuevas vías paralelas de cooperativismo energético que se deben impulsar desde las administraciones. “Hay posibilidades de hacer compras colectivas de energía, presionando a la baja los precios aunque sea mínimamente. O incluso compras colectivas de equipos fotovoltaicos o de aerogeneradores familiares”.
Indicó Nereida Calero al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, que “hay ingentes cantidades de recursos públicos que en España e incluso en la Unión Europea van a los grandes consorcios energéticos, y sin embargo las vías de financiación o subvención a cooperativas vecinales casi son inexistentes”.
Pedro Ortega explicó por su parte que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2017 ha abierto una nueva vía para el desarrollo de las cooperativas vecinales de autoabastecimiento energético mediante el suministro eléctrico procedente de fuentes renovables.
A partir de ahora, y de acuerdo con la planificación energética con la que trabaja el Gobierno, se abre la posibilidad de promover una normativa de apoyo a esta actividad desde el ámbito autonómico
