La organización política lamenta que el Gobierno del
Cabildo de CC y PSOE no haya fomentado la participación ciudadana en un asunto
tan trascendental para la Isla
La
futura Ley del Suelo supone un punto
de inflexión en el desarrollo turístico, social, económico y medioambiental de
Canarias, es por ello que Nueva Canarias
(NC) propone que el Cabildo
elabore un informe sobre las repercusiones que tendrá esta Ley para
Fuerteventura, lamentablemente y hasta la fecha, el Gobierno Insular formado
por Coalición Canaria y el PSOE ni siquiera ha fomentado la participación
ciudadana en un asunto tan trascendental para la Isla.
El
presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, considera que el
Gobierno del Cabildo “se está basando más en consideraciones políticas que
técnicas, en lo que respecta a la Ley del Suelo está pasando de puntillas y conformándose
con apoyar al presidente del Gobierno de Canarias. El debate en este asunto es
nulo, ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista están interesados, nosotros
proponemos que se elabore un estudio que señale las repercusiones que tendría
esta Ley para la Isla”.
Alejandro
Jorge cree que esta falta de interés “es porque saben que la Ley del Suelo
genera muchas dudas y rechazo y no les interesa que se escenifique de forma
clara, por eso, lejos de abrir un debate a la ciudadanía, optan por pasar de
puntillas”.
Por su
parte, el secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
ejecutiva insular de Nueva Canarias, Sergio
Verástegui, muestra su sorpresa “por la pasividad del Gobierno de la Isla,
con esta Ley desaparecerá la razón de la existencia de los Cabildos en este
aspecto de ordenación territorial, y Fuerteventura no se planificará como una
unidad territorial, sino como trozos de territorios que se irán planificando
por separado y sin visión global, perdemos todos y gana la especulación”.
Para
Sergio Verástegui resulta lamentable que el Cabildo “no haya planteado un
debate ciudadano sobre la Ley del Suelo, se ha de contrastar las opiniones de
las diferentes especialidades implicadas en la cuestión: sociólogos, expertos
en ordenación, técnicos ambientalistas, economistas, expertos en turismo, en
psicología y otros colectivos cívicos, este asunto no lo deben decidir en
exclusiva los políticos de turno”.
