A
raíz de las últimas noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación
sobre lo acontecido en el pleno extraordinario celebrado por la corporación de
La Oliva el pasado 15 de marzo de 2017, los grupos que conformamos la mayoría
en la oposición, PPMajo, Coalición Canaria y Nueva Canarias quieren realizar
las siguientes aclaraciones sobre las informaciones vertidas por el grupo de
gobierno del Ayuntamiento de La Oliva:
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Los grupos de la oposición citados no se han negado en ningún momento a que la
deuda con Canaragua S.A., que asciende a un total de 9.581.546,96 euros, sea contabilizada
en las cuentas del ayuntamiento para que quede reflejada en los términos
exigidos por la normativa contable y económica de aplicación a las entidades
locales.
Sí, votamos en contra, en la sesión plenaria de fecha 28 de julio de
2016, a la propuesta realizada por el Sr. Amador ante el pleno: que el acuerdo
de pacto con la empresa acreedora tras la negociación llevada a cabo con
Canaragua S.A. por un asesor externo y sin la presencia de todos los grupos
políticos que integran la corporación, fuera claramente perjudicial a los
intereses de las arcas municipales de La Oliva, puesto que únicamente condonaba
al consistorio los intereses del pago aplazado de la deuda.
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Que en diversas reuniones mantenidas con Canaragua, S.A., en la que sí
participaron los grupos de la oposición, se pactaron condiciones mucho más favorables
de las que lograra el grupo de gobierno a través de su asesor externo y que se
traduce en la ya consabida condonación de los intereses, más una quita
significativa de la deuda principal, lo que redunda en una menor repercusión
del agravio a las arcas municipales.
El
objetivo único del pleno extraordinario celebrado a solicitud de los grupos
PPM, CC y NC el pasado 15 de marzo de 2017 era que la deuda quedara
contabilizada en el Ayuntamiento de La Oliva y la negativa del grupo de
gobierno que preside el alcalde Pedro Amador se debe a su afán de judicializar
este asunto, cuando no hay razón para ello.
Además,
nos gustaría aclarar que se nos están poniendo, por parte de la alcaldía, todas
las trabas posibles, creemos que para retrasar la incorporación del nuevo
concejal de CC, Juan José Rodríguez Pérez. Pues en el pleno celebrado el 23 de
febrero se dio cuenta del escrito de renuncia de la anterior edil, Claudina
Morales Rodríguez y hasta el pasado 15 de marzo y a instancias de los concejales
de CC, no había salido del Ayuntamiento de La Oliva la necesaria solicitud de
credencial a la Junta Electoral Central, organismo con el que la oposición se
ha puesto en contacto corroborando que no había tenido lugar ninguna solicitud
de credencial proveniente del Ayuntamiento de La Oliva hasta esa fecha. A
nuestro parecer un hecho absolutamente antidemocrático.
Entendemos
que nos encontramos ante un procedimiento administrativo en el cual quedan
afectados los derechos fundamentales del Sr. Rodríguez como concejal, de CC
como grupo y del pleno de la corporación, después de tener que esperar más de 20 días,
sin que saliera la solicitud de credencial. Un retraso que no tiene ningún tipo
de justificación, ya que en otras instituciones, esta misma operación se
realiza de forma inmediata, al finalizar el pleno. ¿Y por qué en el
Ayuntamiento de La Oliva no? ¿A quién beneficia el retraso de la toma de
posesión del nuevo concejal de CC? Tenemos claro que al alcalde Pedro Amador.
Los
concejales y concejalas de PPM, CC y NC queremos recordar que junto al
compañero que debe tomar posesión en el próximo pleno ordinario, tal y como es
su derecho, conformamos la mayoría legítima del pleno de la corporación. Y en
un estado de derecho democrático, debería imperar el principio de respeto hacia
las organizacionmes políticas que logran conformar una mayoría. Y cualquier
intento de obstaculizar que este hecho se produzca, podrá retrasar, pero no
evitar lo inevitable, que supone que una mayoría de ediles formen el gobierno
municipal, algo que pronto se producirá.
