El
Pleno del Parlamento de Canarias respaldó ayer por unanimidad las
propuestas planteadas por Mario Cabrera, diputado del Grupo
Nacionalista Canario por Fuerteventura, para que en la ejecución del
Convenio de Carreteras con el Estado y la definición de una política
de transportes y movilidad, se incluya “la
consulta permanente con colectivos sociales relacionados con la
promoción e implementación de medidas de accesibilidad para
personas con discapacidad, o que tengan movilidad reducida”.
El
objetivo es “trabajar
de la mano de las demandas de las personas discapacitadas y con
movilidad reducida” para que en cualquier inversión nueva ya estén
correctamente previstas desde el diseño original.
Puso
como ejemplo Fuerteventura “donde colectivos como ADIVA están
prestando un asesoramiento muy importante a las instituciones. Sus
aportaciones están siendo muy útiles para abordar modificaciones
que humanicen la ciudad, y por supuesto hay que llevarlas también al
transporte, especialmente al público”.
Límites
a los vehículos privados
Se
refirió también a que en esta nueva planificación de actuaciones
en materia de transportes y comunicaciones, “hay que estudiar
específicamente el número máximo de vehículos que soportan
nuestras ciudades e islas, en condiciones de salud y convivencia
razonable con residentes y visitantes”.
Partimos
de un escenario en el que para alrededor de 2’1 millones de
habitantes que conviven en un territorio insular muy limitado, y que
además reciben anualmente más de 13 millones de visitantes.
“Tenemos ya, ahora mismo, 1’7 millones de vehículos, de entre
ellos 1’2 son coches”, recordó.
El
planteamiento entonces que debemos hacernos “no es sólo cómo
solucionar o atenuar los problemas de movilidad actual. Sino, sobre
todo, hasta dónde queremos llegar, o mejor aun, hasta dónde podemos
llegar”.
Invitó
por lo tanto al Parlamento a plantear con claridad “¿cuántos
coches más caben en nuestras carreteras? ¿Cuánto asfalto más en
nuestras islas?”.
Inversiones
Con
respecto a las nuevas inversiones, Mario Cabrera recordó que están
condicionadas: “Actualmente
ya hemos conseguido que se firme el nuevo convenio para los próximos
8 años, con unos 1.200 millones de euros de aportación estatal,
pero seguimos reclamando la deuda de los 945 millones de euros que al
parecer este Gobierno de turno tampoco quiere reconocer”,
puntualizó el diputado majorero.
Seguimos
a la espera de Madrid para poder acceder a esos recursos que están
avalados por sentencia judicial, “pero sin para de trabajar, porque
tal y como ha indicado el vicepresidente, pese a que el nuevo
convenio tiene una vigencia de 8 años ya se han licitado o están en
trámite de publicaciones una serie de obras de carreteras por
alrededor de 600 millones de euros, es decir el 50% de lo previsto
para 8 años”, concluyó.
