La concejal de
Nueva Canarias en la oposición del Ayuntamiento de Tuineje, Pilar Rodríguez,
demanda que se aclare por qué se dejó caducar el contrato para la recaudación
de tributos municipales, además de adjudicar el nuevo sin sacar a concurso el
pliego y sospecha que esta actuación se llevó a cabo, presuntamente, con mala
fe.
La
adjudicación, por tres meses, de un contrato menor a la misma empresa que ya se
ocupaba de la gestión, Colaboración
tributaria S.L, por un total de 17.950 euros, posibilitó que al no llegar a
los 18.000 euros, el alcalde de Tuineje se pudiera saltar el informe de
intervención de fiscalización municipal, y la obligatoriedad relativa a la
remisión de dicho expediente a la audiencia de cuentas.
Según la edil
en el consistorio de Tuineje, “el hecho de que se haya adjudicado a la misma
empresa un contrato menor para saltarse determinadas acciones, sin recoger las
cláusulas de regularización, sin sacarlo a concurso, y habiendo dejado caducar
el anterior, puede ser, presuntamente, constitutivo de delito”.
Además,
explicó Rodríguez, “a lo largo de los tres meses de duración del nuevo
contrato, puede existir un vacío legal, ya que la ley prohíbe que se sigan
realizando prórrogas, obviando así uno de los pilares importantes de cualquier
ayuntamiento como es el de la recaudación de tributos y la inspección para el
cobro de deudas sin sacar a concurso el pliego para la adjudicación de un nuevo
contrato. Esta actuación, continuó, “puede haber provocado que importantes
deudas con el ayuntamiento hayan caducado”.
Por lo tanto,
“es mi obligación, cuando se adjudique un nuevo contrato, solicitar una
auditoria independiente para ver si realmente se ha estado cumpliendo con las
obligaciones del ayuntamiento, además de un informe jurídico para cerciorarme
de que este procedimiento no se haya desarrollado bajo un limbo legal, y sin
haber recogido una cláusula de inspección de las deudas propias, por si esta
situación se considera un atentado a los recursos municipales”.
Y añade, “el
proceso se está llevando a cabo en estos momentos, pero la nueva adjudicación
puede tardar más de tres meses, dado que por su cuantía tiene que adaptarse a
la ley de contratos públicos en un procedimiento abierto”.
