El Pleno del Cabildo
de Fuerteventura aprobó hoy, lunes, día 23 de
enero, una moción institucional en relación al Auto del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) que ha ordenado a Red Eléctrica de España la
paralización de la instalación de torretas de alta tensión entre Puerto del
Rosario y Gran Tarajal, en Tuineje, y que responde a un
contencioso-administrativo que presentó la Corporación insular.
Todos los
grupos con representación en la Corporación insular (CC, PSC-PSOE, Podemos, PP,
Nueva Canarias y PPMajo) respaldaron un texto en el que se señala que “Red
Eléctrica fragmentó la citada línea de transporte de alta tensión en diversos
proyectos, en concreto tres en el territorio de Fuerteventura, ninguno de los
cuales se ajustó en ningún momento al Plan Insular de Ordenación del Territorio
de Fuerteventura, sin que ni tan siquiera se estudiase la posibilidad de
cumplirlo en los diferentes estudios de impacto ambiental, admitiéndose y
validándose semejante comportamiento por parte de la Consejería de Industria y
de la Consejería de Política Territorial, incluso con una declaración de
interés general que consideramos
contraria a Derecho”.
En la moción también
se expone que “el Cabildo de Fuerteventura rechaza la imposición unilateral de
la normativa sectorial eléctrica sobre las exigencias medio ambientales y
territoriales, despreciando cualquier tipo de consideración sobre éstas, como
sería el resultado de una línea de alta tensión en aéreo a todo lo largo de la
geografía insular, apostando por integrar las exigencias de todos los sectores
y normativas concurrentes en una solución consensuada entre las tres partes”.
El Cabildo de
Fuerteventura considera que “el argumento de que el ejercicio legítimo de su
derecho a la tutela judicial efectiva de los intereses insulares implique
directa o indirectamente un obstáculo para la implantación de parques eólicos o
ponga en riesgo el suministro eléctrico insular, utilizado de manera
inadmisible en los últimos días por diversas fuentes interesadas, es rechazado
de plano por infundado y malintencionado”. Por ello, en la moción institucional
se señala que “el Cabildo de Fuerteventura no cederá ante presión o condición
de ningún tipo y, es más, emplaza al Cabildo de Lanzarote y a todos los
Ayuntamientos majoreros y conejeros a que se sumen activamente a la defensa de
nuestros intereses, haciendo frente común ante comportamientos de aquella
índole”.
El
Pleno de la Corporación insular aprobó de forma definitiva del Presupuesto
General del Cabildo de Fuerteventura para 2017 que asciende a 85.274.000,00
euros. A esta cantidad hay que sumar 17.500.000 euros procedentes del Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN).