En el debate del Estado de Fuerteventura, la formación morada criticó la política del Gobierno conformado por CC y PSOE ante la desprotección medioambiental y de patrimonio cultural que sufre la isla majorera. El consejero y portavoz de Podemos, Andrés Briansó, denunció la agonizante situación del Islote de Lobos, donde urge un sistema de control sobre su capacidad de carga, “algo que pedimos hace meses pero no se hace nada”.
Briansó avisa de que “se acerca el verano y volveremos a ser testigos de la degradación de la joya de la Bocaina por falta de reacción de este gobierno”.
Podemos también recordó la urgencia necesidad de la realización de los procedimientos necesarios para cubrir de forma inmediata las plazas vacantes de agentes medioambientales para el Cabildo de Fuerteventura, para que puedan desempeñar sus funciones de
manera suficiente y conseguir “la defensa de los frágiles ecosistemas majoreros”, detalló el portavoz de Podemos.
Asimismo, este grupo pidió que la implantación de las energías renovables se haga de forma correcta y ordenada sin afectar a los espacios naturales. Entre las asignaturas pendientes, Podemos teme que el retraso de la aprobación del PIOF sea para incluir “la neoliberal Ley del Suelo que permite la masificación turística”.
Briansó recordó en el debate que existen más de 800 yacimientos arqueológicos catalogados pero que solo seis han sido declarados BIC (Bien de Interés Cultural). “Creemos que el primer paso esencial para proteger esta riqueza cultural, estas raíces de los oríge
nes de nuestra isla es al menos cumplir la Ley de Patrimonio histórico de Canarias”, demandó.
El portavoz dijo además que “desgraciadamente, en este último año se han producido agresiones de distinto tipo en los grabados podomorfos de la Montaña de Tindaya, la Montaña de Jaifa, los soles de Tejate, el Barrancos de los Encantados y en Los Risquetes.
Cabe destacar que Podemos Fuerteventura fue el único partido en el pleno del estadio de la isla que sacó un cartel de solidaridad ‘Hermana. Yo sí te creo’, para sumarse a la oleada de protestas contra la sentencia judicial dictada a La Manada, condenados por delitos continuados de abuso sexual pero no por violación.