Los
consejeros de la formación morada advierten que la gestión “irresponsable y
deficiente” del Gobierno insular puede acabar en multas millonarias por parte
de la Unión Europa
Los
consejeros de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura votaron ayer en contra del
presupuesto asignado por el Cabildo al Consejo Insular de Aguas tras comprobar
que se aleja, y mucho, de la cantidad aprobada hace un año en el pleno a instancias de una moción presentada por Podemos,
en la que se acordaba garantizar con una dotación mínima de 2.100.000 millones
de euros los presupuestos del CIA de tal manera que se asegurara el desempeño
de sus funciones.
Ya
en 2016 se aprobó una cantidad inferior de 1.300.000 euros, pero para 2017 se
ha reducido a 973.000 euros, “una falta de respeto a este organismo y a las
numerosas competencias que tiene asignadas, que sólo va a perpetuar los
problemas que lleva tiempo sufriendo y que desde luego, no va a permitir que lo
dispuesto en la Ley de Aguas se cumpla”, denuncia el consejero Gustavo García.
García
subraya también que con “semejante baile de cifras”, toda planificación o
previsión –algo imprescindible para cumplir los ciclos del Plan Hidrológico,
por ejemplo- se hace del todo imposible. “Una de las partidas que disminuye
nada menos que un 43% es la de gastos corrientes en bienes y servicios, que
cubre entre otras cosas los estudios y trabajos técnicos; si la elaboración de
estos planes así como las tareas de limpieza de cauces etc está en gran medida
externalizado por falta de medios propios, no sé de qué manera se podrá
garantizar en 2017”, denuncia.
En
opinión del consejero, es urgente salir de esta dinámica y conocer a ciencia
cierta la cantidad necesaria para que este CIA cumpla sus funciones con
solvencia. “Si el Cabildo no puede, habrá que notificárselo al Gobierno de
Canarias y llegar a algún tipo de solución, pero esto es insostenible y las
consecuencias pueden llegar en forma de sanciones millonarias por parte de la
Unión Europea y pérdida de subvenciones”, advierte García.
De
hecho, ya ha llegado un aviso desde Bruselas por incumplimiento de los plazos
intermedios exigidos en el segundo ciclo de Planificación Hidrológica, donde
Fuerteventura lleva un retraso de dos años. “No podemos seguir permitiendo que
los ciudadanos tengan que acabar pagando de sus bolsillos las consecuencias de
una gestión irresponsable y deficiente”, argumenta.
