El
pleno del Cabildo de Fuerteventura ha rechazado la moción de la formación
morada que animaba a la Corporación insular a incluir clausulas sociales y
medioambientales en el ámbito de la contratación pública
El Grupo Podemos en el Cabildo de
Fuerteventura ha expresado su “asombro e indignación” tras comprobar en el
último pleno la “nula voluntad” del Gobierno insular de garantizar el
cumplimiento de ciertos derechos sociales y el respecto de valores
medioambientales en los procesos de contratación pública. “Tras seis meses para
estudiar la propuesta, lo único que han demostrado es que su preocupación por
el bienestar de los vecinos de la isla es inexistente, más allá de la construcción
de proyectos faraónicos y megalómanos como el Palacio de Congresos, Tindaya o
el Barranco de los Canarios”, se ha lamentado el consejero Gustavo García.
EL consejero hace referencia en sus
declaraciones a la moción presentada por el Grupo Podemos que proponía incorporar
cláusulas de contenido social y medioambiental en los procedimientos de
contratación pública promovidos por la Corporación insular, como política de
responsabilidad social y de creación de empleo entre los sectores en situación
de vulnerabilidad o exclusión socio-laboral.
Según explica García, hace seis meses, la
primera vez que quisieron llevarla a pleno, el Gobierno intentó poner en duda
su legalidad, y tuvo que ser el Secretario del Cabildo quien la confirmara.
Ahora, al calor de los problemas que el propio Cabildo ha tenido en los últimas
semanas con dos empresas subcontratadas - el centro de reciclaje de Zurita y la empresa de seguridad
Marsegur, de cuyos servicios ha tenido que prescindir- Podemos decidió volver a
presentar la moción, que ha sido finalmente rechazada.
Según explicaba el propio texto, la actual
normativa estatal y comunitaria no deja lugar a dudas en cuanto a que la
contratación pública es un ámbito adecuado para desarrollar políticas sociales.
Introducir criterios de responsabilidad social es compatible con los principios
de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público.
Pero, lo que ocurrió en el salón de plenos no
deja, en opinión de García, lugar a dudas sobre el “nulo interés del Gobierno
por estas cuestiones”. “Previamente intentaron que aceptáramos una enmienda que
no era tal sino la sustitución de nuestra propuesta por otra que ni nosotros,
ni la oposición, ni los propios consejeros del Gobierno como llegaron a
reconocer, había podido estudiar antes, y que tenía desde luego un alcance
mucho menor, no contemplaba algunos colectivos sensibles ni la obligación de
mantener estas garantías laborales y medioambientales en caso de que la empresa
concesionaria subcontratara estos servicios”, explica. Finalmente, votaron en
contra.
Cabe recordar que entre los criterios que
Podemos proponía incluir se especifican algunos como reservar determinados
contratos a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la
integración socio-laboral de personas en situación de riesgo o exclusión
social, como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas
con diversidad funcional o centros ocupacionales; dar prioridad a la
integración socio-laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o
exclusión social, como que la empresa adjudicataria emplee en la plantilla a
miembros de familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social; también
que, cuando se pueda, incorpore cláusulas que contribuyan directamente a la igualdad
efectiva entre hombres, mujeres y colectivo LGTB, así como a la conciliación de
la vida laboral y familiar; o criterios de preferencia relacionados con la
calidad del empleo, como la contratación indefinida o mejoras laborales
respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en el
correspondiente convenio colectivo.
Otra de las cuestiones que propone la moción
es que el Cabildo tenga en cuenta el valor social y la seguridad de los
productos y servicios que necesite contratar y, siempre que la relación calidad-precio
lo aconseje, opte por los que tengan características sociales positivas y más
saludables, como productos de Comercio Justo, ecológicos, reciclables, o por
aquellos que tengan características medioambientales positivas. Por ejemplo, y
de manera particular, alimentos locales, frescos y procedentes de agricultura
ecológica.
