Podemos Fuerteventura exige al concejal condenado por acoso sexual la entrega del acta municipal
Tras conocerse la sentencia que condena a José Juan Herrera Martel por acoso sexual continuado a una asesora municipal, Podemos Fuerteventura ha exigido que este haga entrega de su acta como concejal.
La petición se produce horas después de hacerse pública la decisión del alcalde de Puerto de Rosario de retirar a Herrera de sus cargos en la Junta de Gobierno.
El aún concejal Herrera, que fue condenado por delitos de acoso sexual, ocupaba hasta ayer las áreas de Comercio, Consumo, Obras, Servicios y Cementerios.
La gravedad de los hechos, no obstante, requiere de “medidas adicionales”, atendiendo a Podemos Fuerteventura.
“Su cese en el gobierno del municipio es una primera medida necesaria, pero es totalmente insuficiente”.
”Nos encontramos ante una situación de una gravedad extrema.
Un agresor machista ha utilizado de forma perversa el poder conferido por la Administración pública para acosar y humillar a una trabajadora del gobierno municipal.
La salida de este sujeto del Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario es una cuestión de salud pública”, han remarcado, insistiendo en la necesidad de que Herrera haga entrega de su acta de concejal y abandone la corporación.
La exigencia de la formación morada vendría motivada, atendiendo a sus representantes, en “la necesidad de proteger las instituciones de quienes ensucian su nombre con comportamientos que no tienen cabida en democracia.
El machismo es una lacra que requiere un compromiso unánime y rotundo por parte de las administraciones, y eso significa que un acosador sexual no puede permanecer ni un minuto más ocupando un cargo público”.
Cabe recordar que la sentencia condenatoria, conocida el día 4 de julio, habría acreditado la existencia de un delito continuado de acoso sexual, imponiendo al aún concejal José Juan Herrera Martel una condena de 4 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante este tiempo y el pago de una indemnización de 3000 euros a la víctima.
