El grupo Podemos en el
Cabildo de Fuerteventura propondrá en el próximo pleno del Cabildo, vía moción,
un acuerdo unánime de rechazo a las instalaciones de gas natural en
Fuerteventura, “por sus emisiones nocivas, por el elevado riesgo de accidentes
que comporta y por su impacto en el territorio”.
El texto también propone
apostar decididamente por un modelo energético que prime las energías renovables
reduciendo paulatinamente el modelo de energías basadas en combustibles fósiles
contaminantes, e instar a la FECAI y al Gobierno de Canarias, a que se sumen a
todo ello de acuerdo con sus competencias y ámbito territorial.
El tendido
de gaseoductos e instalaciones de gas ciudad en el Archipiélago ya ha desatado
la alarma en buena parte de la ciudadanía. Se han presentado, de hecho,
centenares de alegaciones contra la introducción del gas y, “aunque
Fuerteventura no está de momento directamente afectada, consideramos
imprescindible posicionarnos de forma preventiva y dejar clara la postura en la
isla para cuando surjan las intenciones”, ha declarado el portavoz del Grupo,
Andrés Briansó.
La intención
es que el Cabildo exprese su rechazo al gas porque “supone la continuidad de
emisiones de CO2, de metano, por el elevado riesgo de accidentes que comporta,
por la alteración de la ordenación territorial que supondría, y finalmente,
porque los riesgos y el coste de las instalaciones los soportaría la ciudadanía
en beneficio de una empresa privada”-
Y es que,
tal y como recoge la moción, la utilidad pública de este proyecto es difícil de
justificar, “ya que existen alternativas de abastecimiento energético más
baratas, eficientes y no contaminantes; además, la canalización del gas
incumple directivas europeas, y está
demostrado que los escapes de gas tienen un efecto invernadero muy superior al
del CO2 que se ahorra con el uso del mismo y, de hecho, se trata de implementar
una tecnología que ya se está retirando en otros países que quieren cumplir sus
compromisos contra el cambio climático.
Los
proyectos también “vulneran el derecho de disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes
públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales,
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y de defender y
restaurar el medio ambiente”, recoge la moción.
