El
Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura llevará una moción para su
aprobación en el próximo pleno que propone incorporar cláusulas de contenido social
y medioambiental en los procedimientos de contratación pública promovidos por la
Corporación insular, como política de responsabilidad social y de creación de
empleo entre los sectores en situación de vulnerabilidad o exclusión
socio-laboral.
Según
explica la propia moción, la actual normativa estatal y comunitaria no deja
lugar a dudas en cuanto a que la contratación pública es un ámbito adecuado
para desarrollar políticas sociales. Introducir criterios de responsabilidad
social es compatible con los principios de eficacia y eficiencia que rigen la
ejecución del gasto público.
O
en palabras del consejero Gustavo García, "lo aparentemente barato muchas
veces sale caro, y tomar como una constante el elegir la oferta más barata
abona el terreno a las empresas que luego intentan amortizar sus ofertas low cost a costa del trabajador y sus
derechos, como ha ocurrido con el centro de reciclaje de Zurita y la empresa de
seguridad Marsegur, de cuyos servicios el Cabildo ha tenido que prescindir”.
La
oportunidad que ofrece el marco legal para incluir cláusulas sociales en los
procedimientos de contratación pública plantea nuevas herramientas potenciales
para desarrollar medidas en pro de la igualdad de oportunidades y,
especialmente, políticas de creación de empleo en la lucha contra la exclusión
social. Y según Podemos, en el contexto actual de Fuerteventura, esta propuesta
cobra especial relevancia y eficacia.
Entre
los criterios que Podemos propone incluir se especifican algunos como reservar
determinados contratos a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto
la integración socio-laboral de personas en situación de riesgo o exclusión
social, como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con
diversidad funcional o centros ocupacionales; dar prioridad a la integración socio-laboral
de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, como que la
empresa adjudicataria emplee en la plantilla a miembros de familias en
situación de vulnerabilidad o exclusión social; también que, cuando se pueda,
incorpore cláusulas que contribuyan directamente a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral y familiar; o
criterios de preferencia relacionados con la calidad del empleo, como la
contratación indefinida o mejoras laborales respecto a lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo.
Otra
de las cuestiones que propone la moción es que el Cabildo tenga en cuenta el
valor social y la seguridad de los productos y servicios que necesite contratar
y, siempre que la relación calidad-precio lo aconseje, opte por los que tengan
características sociales positivas y más saludables, como productos de Comercio
Justo, ecológicos, reciclables, o por aquellos que tengan características
medioambientales positivas. Por ejemplo, y de manera particular, alimentos
locales, frescos y procedentes de agricultura ecológica.
Según
recoge la moción, lo adecuado sería desarrollar la reglamentación necesaria en
un plazo de seis meses y después, un plan de trabajo que incluya sesiones
formativas dirigidas al personal técnico y político.
"Este
paquete de medidas pretende que no tengamos como único criterio el considerar
la oferta más barata, sino la más justa con los trabajadores y nuestro entorno;
apostar por el bienestar de los trabajadores y el medioambiente siempre es rentable",
asegura García.
