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La directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, explica que el convenio firmado entre la Consejería de Políticas Sociales y el Cabildo de Fuerteventura supone una inversión para este año de 1.760.335 euros, de los que la Comunidad Autónoma aporta 1.332.767
La Consejería de Empleo,
Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha incrementado en
147.087,38 euros la inversión destinada este año para financiar la
prestación de servicios en centros residenciales y
centros de estancia diurna a personas en situación de dependencia en la
isla de Fuerteventura, con lo que se incrementará en 11 plazas las
destinadas al atendimiento de personas dependientes.
La directora general de Dependencia y
Discapacidad del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, explica que “tal y
como establece el convenio firmado entre el departamento de Políticas
Sociales, que dirige Patricia Hernández,
y el Cabildo de Fuerteventura, en 2016 se destinará un importe total de
1.760.335 euros”. Arocha asegura que con esta cuantía “se garantizará
el mantenimiento de 181 plazas de las que 87 son residenciales y 94 de
estancia diurna”.
Este
convenio supone por tanto un aumento en el número de plazas
sociosanitarias de dependencia que pasa de las 170 plazas que fueron
financiadas en 2015, a un total de 181 en este año. Asimismo, del total
de la inversión, la Comunidad Autónoma aportará un total 1.332.767
euros y el Cabildo Insular de Fuerteventura, 427.568 euros.
Por
último, Arocha detalla que el objeto del convenio es la prestación de
los servicios de centro de día y de noche, así como de atención
residencial (residencias,
viviendas tuteladas y hogares funcionales) incluidos en la Red de
Centros Sociosanitarios, propios, concertados o convenidos por el
Cabildo Insular. “Estos servicios se prestarán a las personas mayores o
con discapacidad que tengan reconocida la situación
de dependencia, determinando los cuidados sanitarios, en su caso, y que
se les hayan asignado dichos servicios en el Programa Individual de
Atención”, aclaró.
Con
la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para
todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los
servicios sociales, como es la atención a personas en situación de
dependencia.
El
instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de
prestaciones de servicios y económicas,
configurado como una red pública que integra centros y servicios
públicos y privados concertados y acreditados.
