El debate abierto en torno a la instalación del nuevo
tendido eléctrico en las islas orientales se está convirtiendo en una magnífica
oportunidad para empezar a cuestionar muchos principios que parecían intocables
y replantear alternativas.
En primer lugar tenemos el seguimiento del acuerdo
parlamentario de esta semana: ¿Cuánto tardará la Consejería de Industria en
atender al mandato unánime y retirar el recurso al auto que paraliza el tendido
en Fuerteventura?
Lejos de presentar un nuevo problema, el acuerdo del
Parlamento y el auto del TSJC son una oportuna
solución para que Industria pueda corregir errores heredados y acate la
voluntad democrática.
Ahora la Consejería tiene en su mano las herramientas judiciales
y políticas para liderar un replantemiento de muchas medidas que se han venido tomado.
Es importante subrayar la necesidad de trabajar con una
visión más global para gestionar soluciones en clave local. Porque a medida que
se ha ido extendiendo el debate social, aportando más opiniones y ofreciendo
nuevas alternativas, la cuestión inicial sobre el soterrado o no del nuevo
tendido eléctrico también ha ido quedando matizada.
Desde luego que todos coincidimos en que hay que priorizar
el soterramiento, tratando de no ocupar más suelo y siguiendo el mismo trazado
de los ejes de infraestructuras que ya están creados. Eso no lo entendieron ni
el Ministerio de Industria, ni la Consejeria homónima ni la propia Red
Eléctrica, pese a que todos los planes de ordenación de las instituciones
majoreras y conejeras así lo dejaron recogido desde hace décadas. Fue ese
posicionamiento firme de ayuntamientos y cabildos el que ahora sustenta los
argumentos jurídicos.
Pero ya estamos en segundo escenario. Es el momento de ir
más allá. ¿Realmente es necesario el nuevo tendido de 132KV?
La duda surge a raíz de las opiniones técnicas que indican
que con el actual tendido de 66KV, convenientemente modernizado y hasta
adaptado para instalar un doble circuito, el suministro estaría garantizado.
Esa es una de las respuestas urgentes que deben centrar el
trabajo de la Consejería, tras mandar a retirar el recurso.
Porque si con el tendido de 66Kv en doble circuito es
suficiente, el debate de la línea de 132 Kv, el nuevo trazado, y las grandes
torretas caen por su propio peso.
En tercer lugar, tenemos el planteamiento del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura que el Cabildo viene tramitando desde hace años con
un segundo punto de generación eléctrica en el sur de Fuerteventura.
Un
argumento más para asegurar la estabilidad del suministro durante las próximas
décadas y, por lo tanto, hacer innecesario el nuevo tendido de 132 Kv y,
consecuentemente, la conexión interinsular que tambíén se nos ha anunciado.
¿Estaría justificada la consideración "de interés
general" para el trazado de 132Kv con ambos argumentos? Desde luego que
no.
Atendiendo a la campaña justificativa desarrollada desde el
entorno eléctrico, también es necesario discutir sobre las consecuencias que la
paralización del tendido de 132Kv tendría sobre los parques eólicos en trámite.
Antes que nada hay que aclarar que todos los proyectos que
hemos podido consultar están diseñados y tramitados de acuerdo con la línea
actual de 66Kv. Eso sí, algunos de ellos también están pensados para que en un
futuro pudieran enganchar a la red de 132Kv, si se llega a instalar.
La Consejería argumenta entonces que el peligro reside en
que la paralización del tendido de 132 Kv podría retrasar también la puesta en
marcha de los parques eólicos y con ello que alguna de las empresas que los
promueven no puedan acogerse a los beneficios de la Modificación de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que autoriza al Gobierno a
otorgar regímenes retributivos específicos para las instalaciones que entren en
funcionamiento antes de 31 de diciembre de 2018.
Bien. Uno confía en la eficacia de la gestión de la
Consejería, que desde septiembre de 2016 se dirigió al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para ampliar más allá de diciembre de 2018 el plazo máximo
que tienen los parques eólicos inscritos
para poner en marcha las instalaciones.
Esa sería otra de las claves del trabajo urgente. Primero
retirar el recurso para respoder a la demanda social e institucional. Y
segundo, concretar con el Ministerio la prórroga más allá de 2018 para que las
empresas no vean recortados sus beneficios potenciales...
Y para eso conviene tener presente que el Ministerio de
Industria ha preparado ya una Orden, que está ahora mismo en consulta en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, planteando el escenario eléctrico hasta el año
2022 con el aumento incluso de las actuales retribuciones específicas por
energías renovables en alrededor de un 5% en el caso de los parques instalados
en las islas (y un 3% para la Península).
Es decir, después del freno soriano a las renovables, el
Ministerio comienza ahora a recuperar el terreno perdido: no sólo descarta eliminar los beneficios,
sino que los aumentará un 5%.
Y todo eso, aún reconociendo que repetimos el error de
volver a hablar de los beneficios de las empresas. Cuando en lo que deberíamos
estar centrados es en diseñar herramientas para ampliar la participación
pública en el sector energético, la promoción del cooperativismo vecinal en los
sistemas de energías limpias, en la creación de pequeños circuitos energéticos
más estables, menos dependientes de los grandes consorcios y socialmente más
justos.
Pero eso, ahora con la retirada del recurso de la Consejería
y el replanteamiento de la líena de 132 Kv, estaremos en condiciones de poder
ir concretándolo.
Mario Cabrera González
Diputado
de CC por Fuerteventura
