El
Parlamento de Canarias aprobó hoy con la única abstención del PP, una
Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista Canario defendida por el diputado
Mario Cabrera y destinada a que el Archipiélago tenga derecho a decidir ante
cualquier proyecto de actividades mineras que se plantee en sus aguas.
Mario
Cabrera subrayó que esta iniciativa “es fruto del trabajo con colectivos
sociales y ambientales, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. Recoge algo
que a priori parece de sentido común y que incluso llegó a existir en 2008 en el borrador del Real
Decreto de las prospecciones petrolíferas: que el Archipiélago tenga derecho a
un informe previo vinculante sobre cualquier gestión relacionada con
actividades mineras en nuestras aguas. Ya sean prospecciones petrolíferas,
telurio o explotación de los minerales denominados tierra raras, que tanta
preocupación está ocasionando ahora mismo en Castilla La Macha y que aquí son
objeto de investigación”.
El objetivo
es que ni vuelvan a repetirse situaciones como las vividas durante estos
últimos meses, “cuando a través de la prensa británica nos tenemos que enterar
de que un barco que en teoría había estado cartografiando los fondos marinos
cercanos a las islas, en realidad lo que había hecho eran pruebas en busca de
minerales, entre ellos de los conocidos como de 'tierras raras'”.
Señaló
además que en la reunión del pasado 28 de febrero, la
Comisión de Peticiones del Parlamento se acordó mantener abierta una
investigación sobre el Gobierno de España y los permisos concedidos en su día
para realizar perforaciones en busca de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote,
tras constatar que pese a los distintos anuncios realizados, los permisos de
perforación siguen sin ser anulados. Todo ello, atendiendo a la queja
formulada por el colectivo 'El Guincho/Ecologistas
en Acción'.
Estas
actividades se desarrollaron en su momento pese a la oposición de todas las
instituciones de las dos islas orientales, del propio Parlamento de Canarias y
del Gobierno de Canarias. Además de múltiples organismos internacionales
relacionados con la protección del medio natural.
“Y pese a que previamente el Gobierno de España había asumido el
compromiso de respetar la opinión de la sociedad y las instituciones de
Canarias antes de proceder a tramitar la autorización de las prospecciones
petrolíferas. De hecho, en el borrador del Real Decreto elaborado en 2008, se
recogía detalladamente”, advirtió.
Sin embargo, el
condicionante de informe previo de Canarias fue eliminado en 2012, “cuando el nuevo Gobierno de
España reactivó las gestiones para tramitar las
autorizaciones de prospecciones en busca de hidrocarburos frente a las
costas de Fuerteventura y Lanzarote”.
Advirtió
que en la actualidad “nos encontramos, por un lado, con que el Parlamento
Europeo considera que las autorizaciones concedidas en su momento a Repsol y
sus socios siguen vigentes; y, por otro lado, distintos representantes del
Estado han mostrado su disposición a tramitar nuevas solicitudes de
prospecciones en busca de hidrocarburos y diversos minerales en Canarias, si
hay empresas interesadas”.
Por
eso, consideró Mario Cabrera que “en Canarias tenemos derecho a conocer sobre
lo que se pretende hacer en nuestro entorno y, sobre todo, a decidir al
respecto antes de que se tramiten autorizaciones. Que no vuelva a ocurrir lo
mismo que en 2012 cuando pese a la oposición de todas las instituciones
locales, de los científicos y de un importante porcentaje de la sociedad, se
acabó imponiendo un proyecto petrolífero desde Madrid”.
