Tras el trámite parlamentario de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, que tiene un importante impacto en la ordenación territorial de la Isla, se establece que, para las centrales térmicas de generación eléctrica de menos de 50Mw, será el Consejo de Gobierno de Canarias el que, "con el menoscabo de las competencias que hasta ahora tenían los cabildos, podrá directamente otorgar la declaración de interés general para ese tipo de centrales", según el Secretario de Organización de los socialistas majoreros, Juan Jiménez.
Siendo así, ya el Cabildo no tendrá la capacidad de emitir informes vinculantes sobre los proyectos a ejecutar en la Isla, sea cual sea su dimensión y capacidad, "tan sólo podrá pronunciarse sobre su conformidad o disconformidad, por lo que, lamentablemente, hemos perdido las competencias para poder decidir", sentencia Jiménez. Por ello, "requerimos al Cabildo sobre si llevó a cabo algún tipo de actuaciones para oponerse a la modificación de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias o, por el contrario, le ha convenido quedarse al margen del futuro energético de nuestra propia Isla", concluye Juan Jiménez.
"Esto supone que, ante las protestas de la población ante un determinado proyecto -léase Llanos de La Higuera, por poner un ejemplo-, el Cabildo se lava las manos y deja en manos del Gobierno de Canarias cualquier decisión. Así, el Cabildo es un títere del Gobierno canario a la hora de ordenar nuestro futuro energético, con las sospechas que esta decisión arroja", sostiene Jiménez.
Esta nueva situación legal se une a la ausencia de un Plan Energético, "lo que da la idea de que va a imperar la ley de más fuerte -el Consejo de Gobierno- en la ordenación energética. Ello deja sin poder de decisión sobre sus territorios a los cabildos", finaliza Jiménez. El Cabildo majorero se calla, una vez más ante sus compañeros de partido, dejando preguntas en el aire sobre su pasividad. ¿Qué interés hay en mantener ese silencio?