A la habitual parálisis de la gestión -se actúa por inercia en el día a día sin siquiera previsión a medio plazo- que viene caracterizando al grupo de gobierno en el Cabildo durante esta legislatura, está contribuyendo, además, su aparente incapacidad para esbozar los presupuestos del año que viene.
Cada año se retrasan más en presentar un borrador de las cuentas para el siguiente ejercicio. Cuando en legislaturas anteriores se trabajaba desde antes del verano en la elaboración del documento más importante para la institución y para el desarrollo de la economía en la Isla, parece que la crisis está haciendo mella en la agenda de trabajo de los responsables políticos del Cabildo a la hora de llevar a debate en comisión informativa las líneas maestras de los próximos presupuestos. Los rectores de la cosa económica están aletargados y aún no se atreven a pronunciarse sobre este asunto.
Desde el PSOE pedimos al presidente del Cabildo, Mario Cabrera, que ofrezca ya alguna pista sobre los presupuestos para el año que viene, y que establezca cuáles serán las líneas que regirán la inversión pública por parte de la institución en Fuerteventura, cuánto tiene previsto invertir para luchar contra el desempleo (32% de paro), cuál es el gasto que tiene previsto llevar a cabo en publicidad y propaganda, y cuánto a personal, primordialmente.
Creo que, por salud democrática e institucional, y en aras a la debida transparencia que debe regir el desarrollo puntual de cada presupuesto, al menos un par de veces al año, se debería establecer un debate -en los órganos que el Cabildo dispone para la toma de decisiones, esto es, el pleno y la comisión informativa de economía y hacienda- sobre el estado de ejecución del presupuesto, pues ello contribuiría a que se ejerciera un mayor control del gasto y mejoraría la información pública sobre la gestión y uso de lo preestablecido y aprobado por el pleno un año antes.
Esta propuesta debería incluirse en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF), para que, quien estuviera en posesión de gobierno no pudiera eludir dicha obligación.
