ar las campanas al vuelo
Hace
unos días se ha firmado el esperado acuerdo en la Comisión Mixta de
Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, relativo a las compensaciones derivadas del Impuesto General sobre el
Tráfico de Empresas (IGTE). Con este acuerdo se
suspende «parte» de la compensación que la
Comunidad Autónoma de Canarias debía pagar anualmente al Estado por la
desaparición de ese impuesto. Y digo «parte» porque hubo acuerdos anteriores
de condonación, en especial el de la reducción de 100 M€ que se produjo en el
año 2010, con un Gobierno socialista, que se viene cumpliendo puntualmente
desde entonces.
Pero, según leo, el
acuerdo que se acaba de firmar tiene carácter provisional, hasta la aprobación definitiva del nuevo Sistema de
Financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común. Subrayo lo de régimen
común, porque, desde mi punto de vista, Canarias no tiene un régimen
común, sino tiene un régimen
especial establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley del REF que
marca un hecho diferencial con las Comunidades Autónomas de régimen común.
Por otra parte, como es bien sabido, desde principios de año, se aprobaron los aspectos fiscales del REF con la convalidación del Real Decreto-Ley 15/2014, de 19 de diciembre, por parte del Congreso de los Diputados, cuyo desarrollo reglamentario se acaba de aprobar, lo que ha venido a despejar dudas y expectativas, sobre todo en el sector empresarial. Queda por ver el impacto del «nuevo REF» sobre la creación de empleo, que ha sido el relato, el leitmotiv que ha justificado la reforma de sus aspectos fiscales. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido tanta prisa, ni ha mostrado ningún interés en aprobar en esta Legislatura los aspectos económicos y sociales del REF (los que nos afectan a todos los canarios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos).
Estos aspectos, a pesar de estar
recogidos en una Ley, se están incumpliendo sistemáticamente por parte del
Gobierno central, como es el caso, por poner un par de ejemplos, de la
obligatoriedad del Estado de invertir en Canarias la media de las otras
Comunidades Autónomas (Art. 96 de la Ley del REF 20/1991); o la obligatoriedad
de invertir anualmente como mínimo el 50% de la recaudación líquida del IGTE
(Art. 12 de la Ley del REF 19/1994). A lo que hay que añadir las dudas
generadas por el Gobierno del PP en torno a las ayudas al transporte de
pasajeros y mercancías entre Canarias y la Península, así como en el tráfico de
pasajeros y mercancías interinsular; las tasas aéreas; las ayudas a la
producción de agua potable y la gestión de residuos; las ayudas complementarias
al Programa Operativo por la Lejanía y la Insularidad de la UE para el sector
primario, POSEI, etc.
A mi juicio, a pesar de que tanto el acuerdo de la supresión del IGTE, como el desarrollo reglamentario de los aspectos fiscales del REF, son noticias positivas para Canarias, no podemos caer en la complacencia ante supuestas concesiones que no pueden ocultar el maltrato que ha recibido Canarias en esta Legislatura por parte del Gobierno. Recuerdo esto, porque algún alto cargo del Ministerio de Hacienda, el propio ministro Montoro, y el entonces subsecretario de Industria Energía y Turismo y hoy Delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, dejaron caer, durante la tramitación de la convalidación del Real Decreto-Ley de modificación de los aspectos fiscales del REF, su intención de que también los aspectos económicos y sociales de esta Ley se tratarían junto con la revisión del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
Es decir, se les nota
la intención de liquidar el hecho diferencial, o «fuero canario» —como les
gusta decir a algunos—, cuando el objetivo de Canarias, votado reiteradamente
en el Parlamento, es justo el contrario, es decir, blindar estos derechos en la
Constitución —tal como ocurre en el Tratado de Lisboa, donde se nos reconoce el
estatus de región ultraperiférica de la UE—, para que no estén a la arbitrariedad
del Gobierno de turno. Si los aspectos económicos y sociales del REF se
abordaran en la próxima Legislatura junto con la revisión del nuevo Sistema de
Financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común, el REF canario quedaría prácticamente liquidado y reducido a
sus aspectos fiscales.
Quiero decir que este Gobierno difiere, tanto el acuerdo definitivo sobre la supresión del IGTE, como los aspectos económicos y sociales del REF a ese momento futuro de revisión del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Como si el acuerdo firmado no fuera más que un adelanto a cuenta. Y me temo que en ese momento es cuando, en el hipotético caso de que entonces tuviéramos un Gobierno conservador, nos pasarían la factura. Es decir: «Vosotros ya tenéis lo que os corresponde, más los recursos de la compensación al Estado por la supresión del IGTE, que os hemos perdonado recientemente». Y santas Pascuas.
De modo que, desde mi modesta opinión, Canarias no puede tirar las campanas al vuelo. No podemos olvidar lo que ha pasado en esta Legislatura que acaba de terminar. Los canarios tenemos que defender el hecho diferencial de las Islas a toda costa. No podemos resignarnos, ni renunciar a lo que podemos considerar la «deuda histórica» del Estado con Canarias, es decir, los incumplimientos generados en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 a 2016, que se elevan hasta un montante similar al de un Presupuesto para todo un año de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quiero decir que este Gobierno difiere, tanto el acuerdo definitivo sobre la supresión del IGTE, como los aspectos económicos y sociales del REF a ese momento futuro de revisión del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Como si el acuerdo firmado no fuera más que un adelanto a cuenta. Y me temo que en ese momento es cuando, en el hipotético caso de que entonces tuviéramos un Gobierno conservador, nos pasarían la factura. Es decir: «Vosotros ya tenéis lo que os corresponde, más los recursos de la compensación al Estado por la supresión del IGTE, que os hemos perdonado recientemente». Y santas Pascuas.
De modo que, desde mi modesta opinión, Canarias no puede tirar las campanas al vuelo. No podemos olvidar lo que ha pasado en esta Legislatura que acaba de terminar. Los canarios tenemos que defender el hecho diferencial de las Islas a toda costa. No podemos resignarnos, ni renunciar a lo que podemos considerar la «deuda histórica» del Estado con Canarias, es decir, los incumplimientos generados en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 a 2016, que se elevan hasta un montante similar al de un Presupuesto para todo un año de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y tampoco podemos olvidar la firme voluntad del Parlamento de
Canarias de recuperar la dinámica de convenios y acuerdos Canarias-Estado para
paliar el déficit de los servicios esenciales, así como las infraestructuras
básicas —carreteras,
obras
hidráulicas, transportes, costas, infraestructuras turísticas—, o el
Plan
Integral de Empleo. Y no podemos olvidarlo, porque tanto los recortes en
las
políticas sociales, como los incumplimientos del Estado en este
cuatrienio con las Islas han empujado a decenas de miles de canarios al
paro y al sufrimiento, y han tenido una incidencia directa y negativa en
el empleo, el desarrollo, la cohesión social y el proceso de
convergencia con el resto de Comunidades Autónomas.
Domingo F. Fuentes Curbelo
Soy canario, de la isla de Fuerteventura. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Socialista. He sido consejero y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la comunidad Autónoma de Canarias. Escribo en mis ratos libres y he publicado varios libros (novela y poesía).
