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PPM, CC y NC votaron en contra de la
readmisión mientras el PP y Votemos se abstuvieron a la misma.
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El alcalde González Arroyo incumple así
su promesa electoral de volver a contratar a los trabajadores despedidos
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El consistorio pagará indemnizaciones de
hasta 45 días por año trabajado en vez de 20, pero no readmitirá a los 46
trabajadores despedidos.
En La Oliva, a 30 de julio de 2015
El Tribunal Supremo
confirma la improcedencia del despido colectivo, llevado a cabo en el año 2012,
por el anterior gobierno de CC en el Ayuntamiento de la Oliva, y que afectó a
46 trabajadores municipales.
Sin posibilidad de
recurso, la sentencia del Supremo, del 21 de julio de 2015, es firme y
dictamina que los despidos colectivos no se ajustaron a derecho, al no existir
un motivo dedicado al examen de la infracción legal, a la vez que condena al
consistorio al pago de las costas judiciales derivadas del litigio.
El Ayuntamiento alegó en su defensa ante los tribunales, como
justificación al ERE local, insuficiencia presupuestaria para el pago de las
retribuciones mensuales de los empleados municipales, sin embargo y, según
recoge la sentencia del TSJC de 28 de agosto de 2014, la administración local
norteña " en aquel ejercicio (2011)
no era de insuficiencia presupuestaria, sino de superávit y, por tanto de
estabilidad presupuestaria” además, la sentencia señala que el Ayuntamiento “"evitó en todo momento ofrecer datos
contables fehacientes" sobre las cuentas municipales.
Con todo ello, el PSOE de
La Oliva volvió a elevar al Pleno municipal, la ejecución y cumplimiento de la
sentencia del TSJC a través de una moción en la que solicitaba la
reincorporación de los 46 trabajadores municipales a su puesto de trabajo,
propuesta rechazada por el Pleno de la corporación con los votos en contra del
PPM, CC y NC y las abstenciones de PP y Votemos.
El PSOE critica la actuación
de los miembros de la nueva Corporación local, a la vez que denuncia la primera
promesa electoral incumplida por el alcalde Domingo González Arroyo, al haber
asegurado este, en los pasados comicios electorales, " volver a contratar a los trabajadores del Ayuntamiento que
sufrieron el ERE porque lo primero es el bienestar de las personas".
Los socialistas norteños
lamentan la falta de seriedad del Grupo de Gobierno, que se había comprometido
con los trabajadores, Domingo González vuelve a prometer una cosa y hacer otra
distinta.
La escasez de trabajadores va en perjuicio del
municipio y sus habitantes, la Corporación cuenta con menos personal para
realizar los mismos servicios, lo que conlleva a una política externalizadora que, además de elevar los costes de las arcas
municipales, cae en el monopolio de la privatización"
Este culebrón que dura ya
cuatro años aun no ha terminado dado que una vez firme la sentencia ahora
quedarían pendientes los juicios individuales que se celebrarán en los próximos
meses.
