El viernes 24
de julio de 2015 no fue un día cualquiera en Industria. Las elecciones del 24
de mayo habían dejado en situación de interinidad al Gobierno de Canarias, a la
espera de que el nuevo ejecutivo renovara los cargos. El nuevo presidente fue
investido el 7 de julio en el Parlamento, y los consejeros anteriores cesaron
desde el 10 de julio. Los puestos intermedios de las Consejerías se mantendrían
unos días más.
Una de las áreas
donde se esperaban más cambios era Industria. Durante los cuatro años
anteriores la había gestionado el PSOE y ahora quedaba bajo la dirección de CC.
De hecho, el
24 de julio de 2015 era el último día del equipo que dirigió Paquita Luengo: el
sábado 25 fueron sustituidos.
Pero en esa
jornada que se suponía de despedidas, agradecimientos y buenos deseos, la
prioridad fue otra para la 'interina' Dirección General de Industria: firmar
cuatro resoluciones con las que se venían a declarar “de utilidad pública”
diferentes obras relacionadas con el nuevo tendido eléctrico y sus torretas en
Fuerteventura. Todo, dentro de un macroproyecto, convenientemente troceado --a
mayor gloria de las grandes empresas eléctricas--, para pisotear la opinión y
la decisión democrática de la Isla.
Decenas de
acuerdos institucionales, debates de todo tipo y gestiones en mil instancias
habían conseguido paralizar estos proyectos eléctricos durante años, con el
compromiso del Gobierno de Canarias de que no se instalaría si Fuerteventura no
daba su visto bueno.
Así se hizo
en su momento con la central que se proyectaba en Agando y también se respondió
de igual forma ante los intentos por construir una regasificadora en Gran
Canaria: si las instituciones locales e insulares no aceptaban estos proyectos
el Gobierno de Canarias no los impondría. Esa es la forma correcta de actuar.
Eso es nacionalismo canario.
Con respecto
al nuevo tendido eléctrico de Fuerteventura la negativa local no es un
capricho.
Pese a la
presión social que los recurrentes cortes eléctricos trasladaban a las
instituciones locales, lo cierto es que existió y existe una idea muy clara:
ese gran tendido eléctrico no está pensado para esta Isla, sino más bien para
conectar otros territorios por mandato de la cuenta de beneficios de las
eléctricas. Hay que apostar por aprovechar al máximo el tendido ya existente y,
si es necesario hacer nuevas obras, que sean con el menor impacto territorial y
vecinal posible.
Quienes desde
sus despachos idearon las torretas no esperaban esta resistencia insular.
Las
resoluciones de despedida del 24 de julio en la 'interina' Dirección General
provocaron una vez más la reacción local: los vecinos protestaron, los
ayuntamientos las rechazaron, el Cabildo advirtió con recursos y en el Parlamento
obtuvimos el compromiso de los nuevos rectores de la Consejería de revisar y
buscar alternativas consensuadas con las instituciones locales.
Pero algo
debe pasar en esa Consejería de Industria donde el tiempo corre y las
respuestas a las instituciones locales no llegan (pero sí los vericuetos para
los intereses de las grandes eléctricas, como hemos visto).
La espera
infructuosa llevó al Cabildo a presentar un recurso y solicitar medidas
cautelares para suspender la resolución 'interina' que más efecto tenía sobre
el territorio. Porque desde agosto para acá los tableros y lomas de
Fuerteventura se han poblado de 4x4 y
tractores de las eléctricas en una loca carrera de levantamiento de torretas y
destrozos ambientales de todo tipo que tiene sublevada a toda la Isla.
¿Qué es lo
que ahora le ha dicho el auto del TSJC al Gobierno? Pues que el Gobierno lo hizo
mal.
Dice que la
autorización que se dio a Red Eléctrica se basa en que la Ley canaria del
sector fija que cuando existan razones de urgencia o excepcional interés para
modernizar el tendido eléctrico, la Consejería podrá declarar las obras “de
interés general”. Pero también añade que aunque estos proyectos que se quieren
declarar “de interés general” no estén sujetos a licencia urbanística ordinaria,
sí deberán ser remitidos al ayuntamiento para su autorización y al Cabildo para
que informen. Y que en el caso de disconformidad con el planeamiento, el
Gobierno de Canarias tendrá que modificar o revisar la norma territorial o
urbanística.
Sí, eso es. Cuando
la Dirección General de Industria 'interina' esperó al último día de su mandato
para firmar las resoluciones de las torretas de Fuerteventura, lo hizo además
saltándose la propia Ley del Gobierno de Canarias que exigía la necesaria
consulta previa a las instituciones locales y la consiguiente modificación del
planeamiento afectado.
Recapitulemos:
Dirección General 'interina', que espera al último día de su mandato para
autorizar un gran proyecto –que ya venía convenientemente fraccionado para
evitar la evaluación de ambiental estratégica--, se salta la propia Ley canaria
del sector y no espera por las consultas a las instituciones locales ni a
completar la modificación del planeamiento.
Llegado este
punto, ¿no creen ustedes que la actual Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias debería hacer ahora algo más? Ya se lo hemos dicho en el Parlamento en
varias ocasiones y vamos a seguir haciéndolo.
Para empezar,
revisar de oficio todas las resoluciones del tendido eléctrico en las que se
actuó de la misma manera y suspender su aplicación, porque visto el auto del
TSJC hay base más que suficiente para hacerlo.
Llevar a cabo
esa misma revisión sobre los distintos expediente 'troceados'. Porque es obvio
que se trata de un macro proyecto que atraviesa tres islas y que, por lo tanto,
no puede ser resuelto con informes ambientales parciales sino con una
evaluación ambiental estratégica.
Por supuesto,
no volver a emprender ninguna actuación en contra de los intereses de una isla
y dando la espalda a sus instituciones. Y no esperar a que el TSJC comunique
oficialmente el auto, sino reclamarlo y mandar a parar ya la obras. No estaría
de más que también supervisaran los trabajos, que durante esta semana se han
acelerado incluso en horario nocturno.
Finalmente, preparar
las órdenes de derribo de las torretas, porque ya es hora de que en estas islas
donde Direcciones generales 'interinas' firman resoluciones en el tiempo de
descuento saltándose leyes autonómicas y la voluntad insular, se empiece a
actuar contra las grandes eléctricas con la misma contundencia con la que se
derriban granjas ganaderas y viviendas irregulares.
Porque actuar
así, al lado de la gente de las islas y frente a las multinacionales, es
nacionalismo canario. Y respetar la decisión de las instituciones locales es la
mejor forma de asentar un Gobierno de Canarias sólido y apreciado en todas las
islas, que esté muy por encima de las amenazas apocalípticas sobre el futuro
del sistema energético y las renovables con las que ahora nos asustan a los majoreros
por haber parado la obra.
Mario Cabrera
González
Diputado de
CC por Fuerteventura
